Dinero que no llega a quien lo genera

La Argentina es un país acostumbrado a arrastrar asignaturas pendientes, a llevar de una década a otra cuestiones sin resolver que condenan su presente e hipotecan su futuro. La excesiva presencia del Estado en la vida cotidiana es todavía un ancla para las aspiraciones de quienes viven en este país, en especial para los sectores productivos que podrían motorizar el crecimiento.

La última medición del índice que elabora FADA advierte que la participación del Estado en la renta agrícola trepa al 64,3%. El 94,7% corresponde a impuestos nacionales, el 4,7% a gravámenes provinciales y el resto a municipales. A pesar de la buena voluntad puesta en juego, el primer año de gobierno de Javier Milei no ha mostrado mayores progresos respecto de la carga tributaria que soporta la producción agropecuaria.

El nuevo número de FADA supera al de diciembre de 2023 en 5,4 puntos. Salvo en el caso de 2022, el largo brazo del Estado y su voracidad se ubicaron en 2024 por encima de los últimos años. Cabe destacar que este índice es en realidad un promedio; desglosado por cultivos el peor escenario corresponde a la soja, con una carga tributaria del 68,5% y al trigo, en el cual el peso del Estado alcanza al 69.5%. Un poco más lejos quedan el maíz (56,6%) y el girasol (59,1%).

Se sabe, la principal razón de este sinsentido se vincula con los derechos de exportación. Si se eliminaran, FADA estima que la participación del Estado caería al 36%. Para peor, la entidad pone de relieve que gran parte del dinero recaudado en impuestos al agro, algo más del 67%, no se coparticipa y por ende no llega a quienes generan la producción ni a sus comunidades. Con costos en alza y precios internacionales que no logran hacer pie, los DEX son un certificado de defunción para muchos productores. Desde luego, también está sobre el tapete el dólar exportador, que deflacionado es un 28% menor que aquel que regía a inicios de 2024.

La semana ha estado poblada de cálculos respecto de las cuentas del productor agropecuario. Los datos más detonantes fueron aportados por Néstor Roulet, un productor cordobés con antecedentes en el gremialismo rural. Los números de Roulet indican que quien alquila campo e invierte para sembrar soja, con un rinde de 3500 kg/ha pierde casi USD 80/ha. Sin embargo, el Estado sale bien parado y se queda con algo más de USD 473/ha. Si se considera que esta campaña se han implantado 18 millones de hectáreas, la cuenta indica unos USD 8000 millones quedan en manos de este socio no querido.

Hay que decir que alrededor del 70% de la agricultura argentina se realiza bajo arriendo, lo cual indica que estamos ante una situación compleja generada por los bajos precios internacionales, pero también por la carga tributaria del agro en la Argentina.

Asimismo es válido destacar que la soja aporta el 80% de los ingresos del Estado en materia de retenciones al agro, a pesar de que hace años ha dejado de ser el cultivo que despertó la voracidad del populismo en 2008. Nada queda de aquellos precios, que hoy equivaldrían a unos USD 840 en Chicago. Por estos días la posición cercana lucha por sostenerse en torno de lo USD 360.

Un especialista en Ciencias Economicas, Daniel Laurens, asegura que la renta estuvo, está, y estará socializada. Y enumera: 33% para el pago de DEX + 35% para Ganancias + 4% para Ingresos Brutos + 10,5% de IVA técnico + 1,5% para sellos + 20% en concepto de impuesto a los débitos y créditos + el impuesto inmobiliario + los pagos correspondientes al supuesto mantenimiento de la red vial municipal + autónomos + cargas sociales + DTE + Senasa, etc., etc. etc. Sencillamente demoledor, una máquina de destruir actividades productivas.

Por último, es cierto que el impacto de los bajos precios globales es hoy un problema para todos los agricultores del planeta. Por caso, un farmer estadounidense percibe mucho más por su soja que un productor argentino, pero a pesar de eso no puede cerrar sus cuentas, por lo cual el Estado ha salido a rescatarlo y va a poner sobre la mesa USD 10 mil millones. Lo considera esencial para la economía del país y para la estabilidad social.

El productor argentino no pretende que el gobierno lo rescate. Es un eximio piloto de tormentas y sabe qué hacer en estos casos, pero el peso del ancla del Estado es demasiado incluso para los más avezados. Por eso el horizonte está verdaderamente complicado, más aún con una seca en desarrollo. La pérdida de productividad sería letal en este escenario De ahí que urge tomar decisiones, cuanto antes.