A través de cartas documentos, la Federación de Acopiadores intimó a ocho municipalidades santafesinas (Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo y San Martín, y a una bonaerense (Ramallo) a “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”.
A raíz de estas maniobras, estos nueve municipios reciben para rentas generales una suma que oscila los $25.000.000.000 anuales: “Una situación que resulta irrazonable, inconstitucional, desproporcionada y arbitraria contra la producción granaria argentina”, sostienen desde la entidad que nuclea a los acopiadores.
La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales argumentó que “el mal ejemplo de establecer una suerte de barrera interna se ha extendido y pasó a formar parte de las rentas generales de esos municipios, circunstancia que explica su incompetencia tributaria y la violación de derechos constitucionales de los asociados y de la cadena agroindustrial”.
Desde la entidad presidida por Fernando Rivara, sostuvieron que “una mera disposición municipal crea aduanas internas alterando derechos y obligaciones de contratos privados pactados en el marco de la legislación de fondo, y de los usos y costumbres en el comercio de granos”.
Agregan que “por todo ello, la Federación seguirá cuestionando cualquier imposición de costos distorsivos que impacten sobre la competitividad” de las exportaciones agroindustriales.
Una disputa de larga data
Esta disputa, por las imposiciones que gravan la circulación, el arribo y la descarga de los camiones en los puertos, tiene ya larga data. Desde hace décadas los municipios portuarios desde donde se exportan granos, reclaman la realización de obras de infraestructura, dado que cada año en los períodos de postcosecha, la carga y descarga de cereales y oleaginosas genera una gran congestión en el entramado urbano, esencialmente sobre las rutas nacionales 33,34, 9, 11, A012, las Autopistas Rosario - Buenos Aires y Rosario – Córdoba, y las rutas provinciales 10,14,16,18,21, 91 y la autopista Santa Fe – Rosario. Esto provoca inconvenientes y genera el deterioro de la infraestructura existente.
En ese marco, hace ya décadas varios municipios comenzaron a aplicar tasas retributivas de servicios para llevar a cabo las obras necesarias en las zonas portuarias. Sin embargo, los acopiadores aseguran que las tasas que se aplican a cada camión que ingresa, carga o descarga no se destinan específicamente a las mejoras de infraestructura.
Dos millones de camiones llegan anualmente a los puertos santafesinos
De acuerdo con datos estadísticos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los puertos de Santa Fe reciben cada año unos 2 millones de camiones, y reciben granos procedentes de catorce provincias.
Los puertos del Gran Rosario se extienden a lo largo de unos 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, donde hay establecidas más de 30 terminales portuarias que operan desde Timbúes hasta Arroyo Seco. De ese total, unas 20 se utilizan para el despacho al exterior de aceites, granos y subproductos.
Según datos de la provincia de Santa Fe, este año, ingresaron a los puertos provinciales entre 5 y 20 mil camiones diarios durante la cosecha de granos. Y en lo que va de 2024 ya se descargaron casi 500 mil camiones en esta zona.
Al reclamo de los acopiadores, se sumó el de los agroexportadores durante el remate del primer lote de soja de la campaña agrícola 2023/24, al que el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, respondió con un anuncio: buscará financiamiento por $ 50 mil millones, para la realización de obras de acceso a los puertos por donde sale el 80% de las exportaciones granarias argentinas.
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