La Policía y el Ministerio Público recuperan mercancía valorada en USD 24,473.81 en República Dominicana

La Policía Nacional y el Ministerio Público recuperaron mercancía de larimar valorada en RD$ 1.5 millones (USD 24,473.81) durante un allanamiento en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.

La investigación se abrió a partir de la denuncia de un comerciante, quien afirmó que fue despojado de sus productos bajo amenazas y retenido contra su voluntad durante unas dos horas.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, mediante la orden judicial de allanamiento número 2026-AJ0088140. Durante la intervención, los agentes recuperaron la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos y condujeron a un hombre para fines de investigación.

Según la versión expuesta por las autoridades, el hecho ocurrió el 1 de octubre. El comerciante denunció que Jesús Ramos Viñas lo contactó con la supuesta intención de comprar piedras de larimar procesadas y semiprocesadas. Luego lo trasladó hasta un establecimiento situado en la calle Isabel la Católica, en la Zona Colonial.

La denuncia sostiene que, ya en ese lugar, Ramos Viñas y otro hombre identificado como “Omar”, quien presuntamente portaba un arma de fuego, tomaron la mercancía sin efectuar el pago acordado. El comerciante aseguró además que los involucrados se negaron a devolver los productos mientras lo amenazaban.

Las labores de inteligencia y seguimiento condujeron al allanamiento, donde fue conducido Fausto Omar Tiburcio Ramírez, a quien las pesquisas vinculan con el individuo mencionado como “Omar”. Las autoridades informaron que el detenido y los objetos recuperados quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las imputaciones y solicitar, si lo considera pertinente, medidas de coerción ante un tribunal.

El caso de la Zona Colonial se suma a otras intervenciones desarrolladas en República Dominicana entre abril y octubre. El 30 de mayo, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron 14 allanamientos simultáneos durante la denominada Operación Clave, dirigida contra una estructura investigada por presunto tráfico ilegal de armas.

En ese operativo fueron ocupadas 20 armas de fuego, cientos de municiones y más de RD$ 878 mil (USD 14,325.34) en efectivo, además de vehículos, motocicletas, dispositivos electrónicos, documentos bancarios y joyas. Las autoridades arrestaron a 14 personas e informaron que buscaban determinar el origen y destino final del armamento incautado.

El 8 de julio, agentes de la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad recuperaron 343 paquetes de ropa que formaban parte de una mercancía valorada en más de RD$ 1 millón (más de USD 16,316). La pesquisa se inició tras una denuncia por una presunta estafa mediante comprobantes falsos de transferencias bancarias en una tienda de Villa María.

En ese expediente, tres hombres fueron arrestados luego de que el propietario del comercio entregara 21 sacos de ropa tras recibir comprobantes por RD$ 666.420 (USD 10,873.23) y RD$ 413.400 (USD 6744,98).

La Policía informó que los documentos correspondían a cheques sin fondos y que la mercancía había sido comercializada en un establecimiento de Nagua.

También en agosto, en una investigación sobre asaltos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, las autoridades ocuparon una pistola Glock 19, siete celulares y RD$ 133 mil (USD 2,170.01) en efectivo. En ese caso, dos prendas de oro amarillo fueron recuperadas y quedaron bajo custodia para su posterior entrega a sus propietarios, conforme al proceso judicial.

El Código Penal prevé hasta 20 años por robo con violencia, amenazas o armas

La calificación jurídica definitiva del caso de las piedras de larimar dependerá de las pruebas que presente el Ministerio Público. Bajo el Código Penal dominicano, instituido por la Ley 74-25 y vigente desde agosto de 2026, el artículo 224 castiga el robo simple con penas de uno a dos años de prisión menor y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público.

El artículo 226 establece una pena de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos cuando el robo ocurre con violencia, amenazas, torturas o uso de armas, o cuando los autores portan armas o actúan junto a otras personas. Esas circunstancias deberán ser acreditadas durante el proceso.

La estafa, definida en el artículo 237 como el uso de un nombre falso, una calidad falsa o maniobras fraudulentas para inducir a otra persona a entregar bienes o valores, contempla de tres a cinco años de prisión menor y multas de nueve a 15 salarios mínimos.

El artículo 154 sanciona las amenazas. Si se prueba que existió una exigencia bajo amenaza para que la víctima entregara un bien, la pena puede llegar a dos a cinco años de prisión menor, además de multas de nueve a 15 salarios mínimos, según las condiciones establecidas por la norma.

A su vez, los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, establecen penas de tres a cinco años de prisión, decomiso y multas de 25 a 50 salarios mínimos para la tenencia, porte, transporte o uso de armas de fuego de uso civil sin licencia. Esa infracción solo aplicaría si la investigación determina que el arma presuntamente utilizada carecía de la autorización correspondiente.