El presidente Luis Abinader, junto con la vicepresidenta Raquel Peña, aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, que prevé erogaciones por RD$ 2.036.844,2 millones y prioriza la inversión pública, los servicios sociales y la sostenibilidad de las finanzas estatales. La iniciativa deberá llegar al Congreso Nacional antes del 1 de octubre para iniciar su tratamiento legislativo.
La educación conservará una asignación equivalente al 4% del PIB, destinada al Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la expansión del transporte escolar. También se financiarán obras hospitalarias y la continuidad del programa habitacional “Mi Vivienda”.
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El sexagésimo Consejo de Ministros se realizó el 17 de septiembre bajo la conducción de Abinader. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, secretario técnico del organismo, señaló que la propuesta busca sostener inversiones que generen desarrollo y mejores condiciones de vida.
Los ingresos estimados alcanzan RD$ 1.510.574,5 millones (USD 25.543 millones, aproximadamente), equivalentes al 15,7% del producto interno bruto, mientras que el techo de gasto se fijó en RD$ 1.837.856 millones (USD 31.077 millones, aproximadamente), el 19,2% del PIB. El marco macroeconómico prevé una expansión real de la economía de 4,75% y una inflación promedio de 4,5%.
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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que la economía dominicana registra un crecimiento de 4,5%, una reducción de la inflación y reservas internacionales superiores a USD 15.000 millones. “A pesar de la coyuntura, el país va avanzando, la economía, como siempre ha demostrado, es resiliente”, afirmó.
El gasto de capital, por encima del gasto corriente
La inversión de capital crecerá 19.7% respecto del presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente aumentará 12,3%. El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, sostuvo que esa diferencia responde al objetivo de dar prioridad a inversiones de largo plazo y controlar la operación del sector público.
La propuesta mantiene las prioridades gubernamentales en educación, salud y programas de protección social. También da continuidad a la Política Presupuestaria 2027, aprobada en julio durante la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, y se organiza alrededor de Meta RD 2036 y las 10 metas priorizadas por el Gobierno.
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Los recursos para salud y protección social incluirán la continuidad y culminación de hospitales considerados estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y los programas sociales destinados a la población.
La planificación incorpora inversiones en autopistas, sistemas de transporte integrado, agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas. Entre las obras previstas figuran el monorriel de Santiago de los Caballeros, el impuesto a proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras, y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del metro de Santo Domingo.
El proyecto también contempla más recursos para el Poder Judicial, inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, y fondos para el sistema penitenciario. La orientación general busca combinar la atención de las necesidades sociales, el crecimiento económico y el equilibrio fiscal.
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Un plan territorial con alcance nacional
El Consejo de Ministros también conoció el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será enviado al Congreso Nacional para completar el proceso legislativo. La iniciativa se enmarca en la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
La propuesta procura otorgar fuerza normativa al plan y establecer mecanismos para su aplicación coordinada con los instrumentos regionales y municipales. El esquema busca ordenar el uso del suelo, orientar una ocupación territorial racional y aprovechar las condiciones de cada zona.
El anteproyecto incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
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