La absolución de Alexander Ardón por lavado de activos ya no es solo un revés judicial para el Ministerio Público. También se convirtió en una crisis interna dentro de la Fiscalía.
El ente acusador confirmó el despido de tres funcionarios que participaron directamente en la construcción y presentación del caso: Rony Alexis Reyes Torres, jefe de unidad financiera; Walter Aroldo Mendoza Carías, fiscal asignado; y Aleyda Dinora Rodríguez Aguilar, perito.
La decisión fue tomada después de que el tribunal dictara un fallo absolutorio a favor del exalcalde de El Paraíso, Copán, en un proceso donde el Ministerio Público sostenía que no podía justificar alrededor de L50,17 millones utilizados para adquirir propiedades y constituir empresas.
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El problema no fue solo perder, sino cómo se perdió
El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, reconoció que el Ministerio Público encontró presuntas “negligencias” e “irregularidades” en la forma en que se manejó el expediente durante el juicio oral y público.
Eso cambia el foco de la discusión. Una Fiscalía puede perder un caso porque un tribunal considera insuficiente la prueba.
Pero si la propia institución decide despedir al fiscal, al perito y al jefe de la unidad financiera después del fallo, el mensaje es distinto: el MP considera que pudo haber fallas internas que afectaron la solidez de la acusación.
Mora tampoco descartó una investigación paralela para determinar exactamente qué ocurrió durante la preparación y exposición de la prueba.
La pericia financiera quedó en el centro
El caso contra Ardón descansaba en buena medida sobre un análisis financiero-patrimonial.
Según la acusación, Alexander Ardón y su hermano Hugo Ardón no habrían podido justificar con fuentes lícitas aproximadamente L50,1 millones.
Sin embargo, el tribunal terminó absolviéndolo.Ese desenlace pone bajo escrutinio uno de los elementos más sensibles en los procesos por lavado: la capacidad de demostrar técnicamente que existe un desbalance patrimonial y que los bienes investigados provienen de actividades ilícitas.
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Una pericia deficiente, incompleta o mal presentada puede debilitar incluso una acusación construida durante años.
La Fiscalía todavía puede intentar revertir el resultado
El fallo no necesariamente representa el final definitivo del proceso.
El Ministerio Público anunció que presentará un recurso de casación, mecanismo mediante el cual puede cuestionar errores jurídicos contenidos en una sentencia.
Eso no significa que el tribunal superior volverá a realizar todo el juicio desde cero ni que Ardón será automáticamente condenado.
La casación busca revisar si la sentencia respetó correctamente la ley y las reglas procesales.
Por eso, el siguiente capítulo será doble: mientras la Fiscalía intenta revertir la absolución, también deberá explicar qué falló dentro de su propio equipo.
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Lo que Ardón dijo en Estados Unidos no sustituye un proceso en Honduras
El caso también genera confusión por el historial de Ardón en Estados Unidos.
Durante procesos judiciales en ese país, el exalcalde declaró haber participado o estar relacionado con múltiples asesinatos y actividades de narcotráfico. Sin embargo, esas declaraciones no equivalen automáticamente a una condena en Honduras.
Para que responda penalmente por esos hechos en el país se requiere una investigación, una acusación concreta y un proceso judicial independiente con prueba admisible ante tribunales hondureños.
Hasta ahora, el proceso que acaba de perder la Fiscalía era específicamente por lavado de activos.
Después de recuperar su libertad, Ardón regresó a El Paraíso, Copán, donde fue recibido por decenas de simpatizantes.
Pero dentro del Ministerio Público, la absolución dejó otro escenario: funcionarios despedidos, una posible investigación interna y un recurso de casación en preparación.
El caso ya no plantea únicamente si Ardón logró demostrar el origen de su patrimonio.
También obliga a responder una pregunta institucional: cómo puede una acusación de alto perfil, construida alrededor de millones de lempiras y años de investigación, terminar desmoronándose en juicio al punto de provocar despidos dentro de la propia Fiscalía.
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