El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tendrá sistema propio para auditar la transmisión de resultados electorales en 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala resolvió que no volverá a usar el sistema TREP en las elecciones de 2027 y desarrollará una herramienta propia, después de las denuncias y especulaciones sobre un supuesto fraude que siguieron a los comicios de 2023, en los que fue elegido el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

La decisión se conoce mientras el organismo revisa su esquema tecnológico y evalúa 12 proyectos presentados por la Dirección General de Informática. Parte de ese trabajo incluye un presupuesto preelectoral provisional para reforzar la infraestructura y preparar una renovación de los servicios informáticos del tribunal de cara a los próximos comicios.

El magistrado Quelvin Jiménez dijo hace unos días ante diputados en la Instancia de jefes de bloque que el TREP no será reutilizado. Explicó que el tribunal busca un sistema propio que permita identificar la trazabilidad completa de la transmisión y auditar con transparencia que los resultados enviados coincidan con los obtenidos en las mesas.

Jiménez sostuvo que la intención es no tercerizar ese componente del proceso electoral. Según explicó, que la herramienta pertenezca al propio tribunal y que los involucrados tengan responsabilidad directa con la institución puede elevar la confiabilidad, la transparencia y la capacidad de auditoría.

El TSE trabaja en un comité para revisar la transmisión de resultados

Jorge Morales, director de informática en funciones del TSE, afirmó que ya funcionan tres mesas de análisis sobre reglamento, empadronamiento e inscripción de ciudadanos y logística electoral. Agregó que desde este año también se impulsa un fortalecimiento tecnológico que incluye la contratación de servicios en la nube.

Morales indicó que el tribunal dejará previsto un presupuesto preelectoral para continuar con ese refuerzo técnico. También señaló que expertos realizaron un estudio de brecha para entregar un diagnóstico y lineamientos sobre los próximos proyectos informáticos.

Sobre el modelo de transmisión de resultados, el funcionario precisó que establecerá un comité interno para revisar el sistema y analizar además la transmisión de las actas originales. Ese trabajo forma parte de la preparación institucional para sustituir el mecanismo usado en 2023.

En aquellas elecciones generales, el tribunal había adquirido el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. La plataforma fue utilizada en la primera vuelta del 25 de junio y en la segunda del 20 de agosto, cuando resultó electo el binomio del Movimiento Semilla integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

En ese momento, de acuerdo con una nota de prensa del organismo electoral, el TREP fue presentado antes de la votación como una plataforma informativa para que la ciudadanía siguiera los resultados preliminares conforme las Juntas Electorales Departamentales digitaban las actas desde distintos puntos del país.

La explicación oficial de entonces señalaba que el sistema iniciaba con la base de datos en cero antes del conteo, digitalizaba las actas número cuatro y dejaba escaneada el acta original para su consulta posterior. La visualización de esas actas, según el tribunal, contribuyó a transparentar la primera vuelta.

El sistema quedó bajo investigación del Ministerio Público y una denuncia por su compra

El mismo mecanismo pasó luego a ser objeto de una investigación del Ministerio Público. La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó el 28 de julio información al tribunal sobre la contratación y el funcionamiento del sistema operado bajo las empresas Datasys y Podernet.

Entre los requerimientos del ente investigador figuró un informe circunstanciado sobre el contrato con Datasys, con detalle de posibles problemas y soluciones previstas ante fallas de conectividad, cortes de energía eléctrica, daños en equipos y otras contingencias. También pidió conocer cuál era la función de Podernet, quién la contrató y bajo qué condiciones, además de identificar a quienes operaban los programas informáticos.

A esa revisión se sumó una denuncia de la Contraloría General de Cuentas contra magistrados del tribunal por la compra del TREP por Q148 millones. El señalamiento, según la información publicada por medios de comunicación nacionales, no se relaciona con los resultados electorales, sino con hallazgos derivados de auditorías sobre el gasto realizado para las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto.

La Contraloría informó que presentó dos denuncias ante el Ministerio Público tras discutir hallazgos con los auditados, recibir pruebas y argumentos de descargo y realizar la evaluación correspondiente. Una se refiere a la compra del sistema informático usado en las elecciones y la otra a aparentes adquisiciones innecesarias.