El arresto de Melitón Cordero, exsupervisor de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la República Dominicana, ha puesto en jaque a la estructura diplomática y de seguridad de ambos países.
Según fuentes oficiales citadas por The Washington Post, Cordero facilitó la expedición fraudulenta de 119 visas a familiares directos de narcotraficantes dominicanos. El proceso, que normalmente tarda cerca de un año, se resolvía en cuestión de días tras el pago de $10,000 dólares en efectivo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.
El avance del expediente judicial ha desterrado la hipótesis del “llanero solitario”. Expertos han explicado que la tramitación de una visa tipo S, reservada para informantes y testigos con información clave, requiere validación múltiple: recomendación del supervisor, verificación de identidad, revisión de antecedentes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firma consular.
“Es imposible que un solo funcionario burle todo el sistema de control de la DEA y del consulado sin apoyo interno”, advirtió un informe preliminar del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Las pesquisas han descubierto la existencia de “puntos ciegos” generados por otros oficiales, quienes habrían ignorado deliberadamente las alertas a cambio de beneficios económicos.
Tres agentes y personal consular bajo la lupa
En las últimas 48 horas, el Departamento de Justicia convocó a consultas a tres agentes de la oficina de la DEA en Santo Domingo. Según fuentes gubernamentales citadas por los medios locales, estos oficiales co-firmaron formularios de “certificación de riesgo”, requisito ineludible para autorizar la entrada de supuestos informantes a territorio estadounidense.
La fiscalía investiga si este personal administrativo de la sección consular omitió deliberadamente las entrevistas presenciales a familiares de narcotraficantes, recibiendo pagos a cambio.
Alberto Sandoval, especialista en seguridad, afirmó en un medio dominicano “Un funcionario con este nivel de acceso no actúa solo. El informe final revelará si participaron empresarios, promotores artísticos o incluso miembros de organismos oficiales”.
Por su parte, el politólogo Luis González señaló que podrían existir vínculos tanto en la República Dominicana como en el consulado estadounidense, aunque no descarta que algunos hayan sido engañados en su buena fe.
Cierre de la oficina y estrategia judicial
La gravedad del caso ha motivado el cierre indefinido de la oficina de la DEA en la capital dominicana. El Departamento de Justicia reveló el 20 de febrero que los beneficiarios de las visas eran en su mayoría familiares directos de capos del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de una estructura de corrupción institucionalizada.
“El arresto de Cordero envía un mensaje negativo al mundo y debilita el esfuerzo bilateral contra el crimen organizado en la región”, declaró Sandoval, en referencia al pacto entre los gobiernos dominicano y estadounidense para combatir el narcotráfico.
Mientras tanto, Cordero permanece en libertad bajo palabra y vigilancia estricta, tras comparecer ante un tribunal federal en Estados Unidos. La audiencia clave está prevista para el 6 de marzo, fecha en la que la fiscalía planea presentar pruebas documentales y grabaciones que podrían forzar a Cordero a delatar a otros implicados de mayor rango.
No obstante, la defensa ya comenzó a revisar las comunicaciones internas de la misión diplomática, lo que podría incorporar nuevos nombres a la causa. Por lo que, la investigación sigue activa y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.
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