El arresto de un supervisor de la DEA en República Dominicana generó una crisis diplomática y sacudió la cooperación antinarcóticos en la región.
La abrupta detención, vinculada a una investigación sobre abusos en un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, coincidió con la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar la oficina de la DEA en Santo Domingo de manera indefinida.
La medida, según el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, responde únicamente a una pesquisa interna de Estados Unidos.
En un mensaje público, la embajadora Leah F. Campos subrayó la gravedad de los hechos e hizo explícita su postura: “Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”, manifestó en la red social X.
La falta de detalles sobre las acusaciones ha alimentado la expectación sobre el destino del supervisor arrestado, identificado como Melitón Cordero, cuya comunicación permanece inaccesible.
Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) encabezan la investigación, y hasta el momento, ni el DHS ni la DEA han respondido a peticiones de comentarios, según informó The Associated Press.
De acuerdo con un informe del propio Departamento de Justicia estadounidense divulgado en 2019, el programa de visas al que se vincula la investigación presenta deficiencias estructurales: el organismo de control advirtió que las autoridades federales perdieron el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas en el marco del programa, elevando riesgos para la seguridad pública y nacional por la posible implicación de esos sujetos en actividades delictivas.
Este programa permite cada año la entrada a cientos de extranjeros que, en otras circunstancias, serían inelegibles para el ingreso debido a sus lazos con el crimen.
El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina de la DEA no guarda relación directa con la administración local ni con sus resultados en la lucha antidrogas.
La cooperación bilateral en materia de crimen y narcóticos entre ambos países ha sido históricamente estrecha. República Dominicana constituye una de las principales rutas de tránsito de estupefacientes procedentes de Sudamérica, motivo por el cual las agencias estadounidenses han mantenido presencia activa en el país.
En línea con este historial de colaboración, el presidente Luis Abinader anunció en noviembre la autorización a Estados Unidos para operar dentro de áreas restringidas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, en un intento por fortalecer las labores conjuntas contra el tráfico de drogas.
El cierre de las oficinas
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, una medida que responde a la política de “cero tolerancia” frente a cualquier señal de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos. La decisión se difundió a través de la cuenta oficial de la sede diplomática.
De acuerdo con el anuncio, la suspensión de actividades de la DEA se mantendrá hasta nuevo aviso, sin que se hayan ofrecido detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la medida.
Campos subrayó la postura inflexible de la representación estadounidense con respecto a la integridad institucional y la transparencia de sus operaciones en el país caribeño
“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, declaró Campos en el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.
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