
Esta tarde, se realizará la 5° Marcha Federal Universitaria al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo, a la que se le suma el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.
El personal universitario llega a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
En esta nueva oportunidad, los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro salarial. “El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”, señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
Las que también se plegarán a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros grupos.
La magnitud del ajuste acumulado en las universidades

Según un informe del centro CEPA, el presupuesto destinado al “Desarrollo de la Educación Superior”, que afecta a las universidades públicas, representa una caída en términos reales que alcanzó 25,2%.
Si se compara el 2023 con el presupuesto vigente en 2026 – hasta el 14 de octubre (en pesos constantes y con proyección de la inflación hasta diciembre basada en el Proyecto de Presupuesto 2027), los cálculos arrojan que “sin actualizaciones de por medio hasta fin de año”, habrá “una reducción acumulada de 22,0% respecto de 2023″. En ese marco, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 1,2%, en comparación con el crédito vigente para 2026, consolidando la pérdida de años anteriores.
Desde el centro de investigación pusieron como ejemplo el salario histórico de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), y su pérdida salarial. Para la categoría JTP semi-exclusivo sin antigüedad, pasó de cobrar $1.185.861 (noviembre de 2015) a $672.309 (septiembre de 2026) en pesos de septiembre 2026. Se trata de una caída real de 43,3%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $887.581 (-25,2%).
Continúan las tomas en algunas facultades

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encontraba tomada hoy, cuando estudiantes, docentes y no docentes se movilizaban hacia el Congreso en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno por la demora en poner en vigencia la normativa.
Por otro lado, los dirigentes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvieron en asambleas interclaustros la ocupación de varias unidades académicas, como la Facultad de Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Políticas y RRII y la Facultad de Psicología.
Esta modalidad de protesta surgió luego de que el miércoles pasado cientos de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires ingresaran al Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada pacífica en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigiendo el aumento de la Beca Progresar.

El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con los aliados para blindar el DNU 70/2023, que la oposición se dispuso intentar voltear hoy. Y, después de largas conversaciones en simultáneo con los diálogos por la reforma politica, aún no logra confiarse por completo de sus posibilidades de éxito. Depende del apoyo, siempre endeble, de los partidos y gobernadores aliados para bloquear el avance opositor, pero aún tiene dudas sobre sus posibilidades de éxito y se ataja.

A horas de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno apelará tanto la multa diaria que la Justicia le impuso a Diego Santilli por incumplir una medida cautelar como el fallo que ordenó aplicar la norma, mientras sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.

Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, el Gobierno atravesará este jueves una jornada de doble presión política y legislativa, marcada por una nueva movilización universitaria y por el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma que la administración libertaria considera central.

A partir de las 10.30 de hoy, comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación columnas de amplios sectores de la vida académica, estudiantil, universitaria, científica, social, sindical y de colectivos vulnerables, que protestarán contra políticas e iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los reclamos pueden sintetizarse en cuatro ejes: tierras, universidades, endeudados y discapacidad.
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