
El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El nombramiento cubre la vacante que dejó Alejandro Alberto Vilches, quien presentó su renuncia el 21 de septiembre en medio del debate por las partidas destinadas al sector en el proyecto de Presupuesto 2027.
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De esta manera, a través de la publicación del decreto 1095/2026, el Gobierno aceptó formalmente la dimisión de Vilches y nombró a Di Liscia en su lugar.
El ex titular del área había asumido la conducción del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo. La decisión se tomó tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de medicamentos y servicios.
Su designación también se había producido en medio de protestas de familias de personas con discapacidad que rechazaban los recortes presupuestarios en el sector.
Según fuentes del Ministerio de Salud, el flamante funcionario tendrá como ejes de gestión mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, reforzar los controles internos y administrar los recursos de forma eficiente. También continuará la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para detectar irregularidades y posibles fraudes.
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Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, cuando el organismo contaba con más de 2,2 millones de afiliados. Antes de ese cargo, acumuló una extensa trayectoria en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: fue subsecretario de Higiene Urbana entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, director general de Control de Gestión entre 2011 y 2015, y director general de Reforma Administrativa entre 2010 y 2011.
En su perfil profesional, Di Liscia se define como un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en dirección, gestión operativa, transformación organizacional y desarrollo comercial, con tareas de consultoría para directorios empresariales y participación en una pequeña y mediana empresa familiar del rubro alimenticio.
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La salida de Vilches ocurrió durante la discusión interna que generó el proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el año próximo expusieron nuevos ajustes en el área, que fueron cuestionados por la oposición y también por sectores del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del espacio de Gobierno y el Ejecutivo admitió que podría revisar las partidas vinculadas con discapacidad.

En ese contexto, la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, advirtió públicamente sobre las consecuencias de los cambios contemplados en el proyecto. “Es letal la desregulación del nomenclador”, sostuvo en declaraciones radiales, en referencia a una posible modificación que, según la intérprete, podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025.
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Mientras tanto, el oficialismo trabaja en la Cámara de Diputados en un proyecto para reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La discusión involucra aspectos sanitarios, legislativos, educativos, de transporte y de protección social.
Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.
A diferencia del proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.
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