El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.
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“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.
Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.
En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.
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El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.
Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.
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Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.
“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.
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En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.
Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.
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También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.
Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.
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