Falta de apoyo de aliados y veto de la cúpula: por qué naufragó la idea de volver a pedir facultades delegadas

Con la actividad en el Congreso todavía a media marcha, a pesar de los intentos del oficialismo para impulsar diferentes proyectos, el Gobierno busca distintas alternativas para poder avanzar con las reformas que considera prioritarias, aunque no termina de consensuar una estrategias con los aliados y las negociaciones continúan trabadas en ambas Cámaras del recinto.

La mesa política libertaria se reunió el martes pasado en la Casa Rosada para definir los próximos pasos en materia parlamentaria de cara al 6 de agosto, cuando los legisladores volverán a trabajar tras el receso invernal.

Tal como detalló Infobae, en ese encuentro se acordó que las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) serán los primeros objetivos.

Sin embargo, en esa oportunidad ya se habló también de otras dos iniciativas que fueron pensadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que ya generaron debate interno.

Uno de ellos es un texto que recién se está redactando y que no se envió aún al Congreso, el cual plantea una serie de flexibilizaciones para sectores como farmacias, inmobiliarias y navegación, entre otros.

La discusión surgió porque, uno de los artículos que aparecía en el borrador que circuló en la Cámara de Diputados, establecía otorgarle nuevamente facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda implementar varios de estos cambios directamente por decreto.

El título X de la norma proponía declarar “la emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por el plazo de seis (6) meses”, período durante el cual el Gobierno iba a tener que, paralelamente, informarle a los legisladores “trimestralmente“ el uso de este permiso constitucional.

Para justificar la aplicación una vez más de esta herramienta, el articulado fija como directrices centrales “eficientizar el funcionamiento de los mercados”, “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión” y “favorecer la asignación eficiente de los recursos públicos”.

Asimismo, se ponía como eje ”reducir las obligaciones o cargas que las personas humanas o jurídicas privadas deban cumplir” y a “eliminar las facultades u obligaciones que las normas de rango legal vigentes atribuyan o impongan” a los organismos estatales cuando estas constituyan “restricciones que afecten el desarrollo de actividades económicas en condiciones de libre competencia”.

En el plano operativo, el proyecto facultaba al Ejecutivo a “modificar o derogar las normas de rango legal” que establezcan diversos tipos de trabas regulatorias, tales como “barreras de entrada o de salida” que generen “monopolios, oligopolios o mercados concentrados de manera artificial”.

Del mismo modo, habilitaba la revisión de “regímenes de precios mínimos, máximos, sugeridos o de referencia, bandas de precios o márgenes de utilidad”, y de cualquier “obligación de uso, preferencia o integración de productos, componentes, insumos o servicios de origen nacional, provincial o municipal”, alcanzando inclusive a las “restricciones, autorizaciones, permisos o condicionamientos de cualquier tipo que restrinjan la libre circulación interjurisdiccional de bienes y servicios”.

Sin embargo, cuando se conoció este apartado, las autoridades nacionales se encargaron de aclarar, enfáticamente, que se trata de una idea que estaba totalmente descartada.

“Ni siquiera está cerrado. Aún se están puliendo varios puntos del texto. Se está trabajando mucho con las distintas áreas“, señalaron en el entorno de Sturzenegger.

La posibilidad de tener facultades delegadas, como el Congreso le otorgó en 2024, a través de la ley bases, fue rechazada por el propio presidente Javier Milei, que internamente negó esa chance.

No obstante, los propios aliados, al enterarse del borrador que estaba circulando por la Cámara, habían planteado su malestar al respecto.

“¿Para qué quieren facultades delegadas? Si venían sacando todas las leyes que necesitaban. Ahora se les trabó el Senado, pero los proyectos venían saliendo. Además, ?a dos años y medio de gestión quieren? No, a dos años y medio ya no se les da facultades delegadas”, remarcó el referente de uno de los bloques que más acompaña a La Libertad Avanza.

En cuanto a la ampliación de la inocencia fiscal, el mismo diputado opinó que “antes de lo de Manuel Adorni ya tenía los votos garantizados, pero ahora puede que se les complique“.

Por otra parte, también generó polémica el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también diseñado por Sturzenegger, que no obtuvo consenso con los otros espacios por, principalmente, el artículo que facilita la venta de tierras a extranjeros.

La jefa de la bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, acordó postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto para evitar que todo el texto fuera rechazado.

Así lo explicó la propia ex ministra de Seguridad en la reunión de la mesa política, aunque también lo conversará personalmente con el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

La cita ya está establecida para este mismo martes por la tarde y se espera que la senadora plantee que, por lo menos, haya cambios sobre ese punto.

“Es un encuentro interno. El temario básicamente es la propiedad privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta”, explicó una persona cercana a Bullrich.