Libertad de prensa y respuesta judicial urgente: el límite entre informar y operar

Durante décadas, la libertad de expresión y la libertad de prensa fueron defendidas -con razón- como pilares de la vida democrática. Sin ellas no hay debate público genuino, no hay control del poder y no hay ciudadanía informada.

Pero los derechos más valiosos también son los que más exigen precisión.

Defenderlos no es volverlos absolutos.

Es evitar que se degraden.

Ese es el punto que vuelve a ponerse en discusión a partir de la preocupación institucional expresada por ADEPA frente a presuntas operaciones de desinformación financiadas desde el exterior, en un contexto marcado por revelaciones de un consorcio internacional de periodistas que ya no pueden ser ignoradas.

Hace tiempo que vengo advirtiendo -muchas veces en soledad- sobre un fenómeno que parecía difuso, pero persistente: contenidos que no responden a una lógica genuina de información, sino a patrones de repetición, direccionamiento e insistencia sobre determinadas figuras.

En ese marco, hay una distinción central que muchas veces se pierde: no es lo mismo persona pública que interés público.

No toda persona pública convierte automáticamente cualquier aspecto de su vida en un tema de interés público.

No toda información que circula sobre ella tiene relevancia pública.

Y no toda exposición permanente responde al derecho de la sociedad a informarse.

Cuando esa frontera se desdibuja, se habilita un terreno riesgoso: la idea de que puede decirse o hacerse cualquier cosa bajo el paraguas de la libertad de expresión o de la libertad de prensa.

Ese criterio no solo es jurídicamente incorrecto.

También degrada la calidad de la información y afecta derechos básicos como la privacidad.

Porque el derecho a la información no es solo acceso a contenidos.

Es acceso a información fidedigna, relevante y vinculada al interés público.

Ese es el punto de quiebre.

La libertad de prensa no puede ser utilizada como herramienta para operar.

No puede convertirse en un vehículo para direccionar percepciones, erosionar figuras o desgastar gobiernos bajo apariencia de información.

Porque cuando eso ocurre, deja de ser libertad de prensa.

En los últimos años, estas prácticas adoptaron nuevas formas: contenidos disfrazados de sátira, humor o parodia que funcionan como vehículos eficaces para instalar narrativas de desgaste.

En ese contexto, también debe analizarse el rol de algunos influencers y streamers que —en determinados casos— podrían estar involucrados en dinámicas de financiamiento o articulación de contenidos, ya sea a partir de lo revelado por este consorcio de periodistas o por otros indicios que muestran una acción constante y cotidiana de desgaste sobre figuras públicas, incluyendo al Presidente y funcionarios.

No se trata de generalizar.

Pero tampoco de ignorar patrones.

Porque cuando esas intervenciones son sistemáticas, direccionadas y sostenidas en el tiempo, el análisis deja de ser meramente comunicacional.

Puede convertirse en un problema institucional.

Hoy conviven prácticas de periodismo profesional -indispensables para la democracia- con otras dinámicas más difusas en las que participan algunos actores que no siempre responden a los mismos estándares de verificación, responsabilidad o finalidad pública.

No se trata de cuestionar el periodismo.

Se trata de protegerlo.

Porque no es lo mismo investigar que operar.

No es lo mismo informar que direccionar.

La campaña expuesta por este consorcio de periodistas pone en evidencia algo que desde hace tiempo se advertía: el ecosistema informativo puede ser utilizado como herramienta de influencia, incluso con posibles componentes externos.

Frente a esta gravedad institucional, promoví la correspondiente denuncia penal.

La denuncia que efectué se encuentra radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González.

Y este punto es clave: esta causa requiere una respuesta rápida del Poder Judicial.

No por urgencia mediática, sino por la magnitud institucional del problema.

La sociedad necesita saber qué ocurrió.

Necesita saber si hubo delito.

Necesita saber quiénes fueron los responsables.

Debe determinarse si existieron autores materiales e intelectuales, quiénes financiaron estas maniobras, si hubo injerencia de una potencia extranjera, y si se configuraron delitos contra el orden constitucional, el sistema democrático y la Ley de Inteligencia.

La transparencia no es opcional.

Es una obligación institucional.

Porque lo que está en juego es la confianza pública, la calidad democrática y el derecho a la información fidedigna.

No todo exceso es delito.

Pero tampoco todo puede justificarse.

Por eso, este debe ser un punto de inflexión.

Defender la libertad de expresión y la libertad de prensa implica también poner límites claros cuando se utilizan como cobertura para operaciones destinadas a desgastar o desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos.

Porque la libertad de prensa no se debilita cuando la Justicia investiga.

Se fortalece cuando se esclarecen los hechos, cuando se aporta certeza, cuando se garantiza transparencia.

Y cuando la sociedad puede saber —sin dudas— qué ocurrió realmente.

Defender la libertad de prensa hoy implica también eso: investigar para protegerla.

*El autor es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, posgrado en Derecho Procesal Penal

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