Doce guardabosques mayangnas siguen detenidos en Nicaragua en medio de la disputa por tierras y minería en Bosawas

Doce guardabosques mayangnas del territorio Sauni As continúan detenidos en Nicaragua tras arrestos realizados entre 2021 y 2024. Según Confidencial.digital, estos hechos se producen en un contexto de mayor presencia de colonos, empresas mineras y actividades extractivas en la Reserva de la Biosfera de Bosawas. Los guardabosques comunitarios han desempeñado funciones de vigilancia territorial y protección ambiental ante diferentes presiones externas.

Ocho de los detenidos fueron procesados y recibieron condenas que van desde 25 años de prisión hasta prisión perpetua revisable, en procedimientos que, de acuerdo con fuentes especializadas, habrían presentado cuestionamientos sobre las garantías procesales. En cuanto a los otros cuatro guardabosques, dos ya han sido sentenciados, aunque no se ha hecho pública la duración de sus penas, y dos permanecen privados de libertad sin información oficial sobre su situación judicial. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua identifica a los doce como integrantes de la comunidad Mayangna Sauni As, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Contexto territorial y situación legal

El territorio Mayangna Sauni As forma parte de Bosawas y es uno de los 23 territorios indígenas demarcados y titulados aproximadamente entre 2005 y 2019 conforme a la Ley 445, que reconoce la propiedad comunal indígena. Según especialistas consultados por Confidencial.digital, el proceso de saneamiento legal previsto en la ley —que debía determinar la situación de ocupantes no indígenas— no se completó, lo que, según estas fuentes, genera inseguridad jurídica y facilita conflictos por el uso de la tierra.

En la zona existen recursos naturales como minas de oro, explotadas artesanalmente por miembros de la comunidad, derecho amparado por la misma Ley 445. Según testimonios recogidos, la entrega de concesiones mineras y la llegada de empresas a áreas núcleo de Bosawas han ocurrido en este contexto de falta de reconocimiento efectivo de la titularidad comunal. Algunos señalan que la criminalización de guardabosques y autoridades comunitarias estaría vinculada a estas condiciones.

Los guardabosques voluntarios de la comunidad, con edades entre 18 y 45 años, realizan tareas de patrullaje y vigilancia para evitar asentamientos no indígenas y proteger los recursos naturales. De acuerdo con Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, muchos de estos guardabosques recibieron capacitación y permisos oficiales de portación de armas por parte de la Policía Nacional, aunque desde la crisis política de 2018 se implementó un decomiso de armas en la zona rural.

Detenciones, procesos judiciales y condenas

En la mina de oro Kiwakumbaih, ubicada en el cerro Pukna, se registró el 23 de agosto de 2021 un ataque armado que, según testimonios locales, causó 11 fallecidos, incluidas mujeres y menores, y presentaba indicios de violencia sexual. Sobrevivientes identificaron a colonos como responsables, aunque la Policía Nacional atribuyó el hecho a guardabosques indígenas.

Por este caso, Arguello e Ignacio Celso Lino fueron detenidos el 28 de agosto de 2021, Donald Bruno Arcángel el 4 de septiembre y Dionisio Robins Zacarías el 3 de diciembre. De acuerdo con la información disponible, los arrestos se realizaron sin orden judicial y los detenidos permanecieron incomunicados en un primer momento. Confidencial.digital señala que la acusación se basó principalmente en testimonios de funcionarios de la Policía y del Poder Judicial, sin incorporar declaraciones de testigos presenciales, aunque había más de veinte sobrevivientes. Las condenas incluyeron prisión perpetua revisable por asesinato agravado en perjuicio de nueve personas y cuatro años de prisión por secuestro simple.

En agosto de 2023, la Policía realizó un operativo en el que fueron arrestados Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios. El operativo incluyó gases lacrimógenos y armamento de guerra. Los detenidos fueron presentados públicamente junto a personas señaladas como integrantes de bandas criminales, y la acusación formal incluyó cargos de crimen organizado, amenazas, portación ilegal de armas, fabricación de explosivos, coacción y desplazamiento forzado. Entre la documentación presentada figuró un certificado que autorizaba legalmente la portación de armas a uno de los acusados. Los cuatro recibieron condenas de 25 años de prisión.

Reacciones y contexto internacional

Según organismos internacionales, la presencia de la Policía Nacional y del Ejército en Bosawas no ha derivado en sanciones contra colonos, lo que, según informes de 2025, contribuye a un clima de impunidad y se ha acompañado de denuncias de persecución a defensores indígenas. Expertos de Naciones Unidas y la Relatoría Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos han señalado que la detención de guardabosques ocurre en el marco de un proceso de expansión agrícola, minera y forestal, llevado adelante, según sus reportes, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Algunas fuentes consideran que estos hechos responden a una dinámica de presión sobre los pueblos indígenas y han referido la criminalización de guardabosques y síndicos como consecuencia de la defensa del territorio. La situación de los doce mayangnas detenidos se inscribe en un contexto de disputa legal y social por el control de las tierras y recursos en la región de Bosawas.