El Gobierno no intervendrá en el conflicto desatado en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) luego de que su titular, Abel Furlán, realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Así lo revelaron a Infobae fuentes oficiales, que aseguraron que la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.
En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos, que se realizó el miércoles pasado en abierto desafío al fallo dictado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Como anticipó este medio, los camaristas laborales María Dora González y Víctor Arturo Pesino suspendieron la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospusieron la elección del Secretariado General del sindicato a nivel nacional tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.
Sin embargo, Furlán realizó igual el congreso de la UOM, en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza ubicado en Brasil 780, donde obtuvo el 80 % de los votos de los congresales (215 sobre 270), “configurando un respaldo mayoritario a su estrategia sindical y confirmando una estructura de conducción alineada a su gestión”, según informó el gremio metalúrgico en un comunicado.
Entre los principales novedades del nuevo secretariado figura la designación de Daniel Daporta, líder de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto de la UOM, reemplazando a Naldo Brunelli, titular de la Seccional San Nicolás, que quedó afuera de la conducción nacional del gremio.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo consideró que la verosimilitud de las presuntas irregularidades en la votación de UOM Zárate-Campana está acreditada prima facie con la prueba presentada en el expediente y que el peligro en la demora se vincula con la elección nacional.
La resolución advirtió que la falta de pronunciamiento de las autoridades internas de la UOM ante la denuncia produce, en la práctica, una denegación y permite la intervención de la vía judicial directamente.
Por eso se ordenó la suspensión del acto electoral nacional hasta que el tribunal adopte un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad planteada. El artículo 49 del estatuto de la UOM establece que el Secretariado Nacional debe ser elegido por un Colegio Electoral cuyos integrantes surgen de cada seccional y, según los camaristas, la validez de ese proceso queda en cuestión si no se resuelve previamente la situación de la Seccional Zárate-Campana.
Tras el acto de desobediencia de Furlán al realizar igual el congreso nacional que lo reeligió, sus opositores creen que los camaristas dictarán otro fallo que le quitará validez legal a la designación del líder de la UOM y que Trabajo deberá actuar en función de esa sentencia.
“La Seccional Campana-Zárate está acéfala y el congreso nacional de la UOM que votó a Furlán es nulo”, interpretaron en el sector disidente de esa filial, que lidera Angel Derosso, el candidato opositor que denunció fraude e irregularidades en la elección.
En el furlanismo, sin embargo, advirtieron que “son varios los gremios sin el reconocimiento del certificado de autoridades, como en el caso del SOMU, pero no van a tardar mucho en entregárselo a la UOM”.
Señalaron que las autoridades elegidas en el congreso metalúrgico “tomaron posesión de sus cargos y desde este miércoles ya ocupan sus oficinas” en la sede de la UOM nacional, ubicada en Alsina al 400, en Capital.
Desde la Secretaría de Trabajo, mientras, aclararon que no intervendrán en el conflicto hasta que se expida la Justicia: “Nosotros tenemos que ajustarnos al decreto que directamente nos quita la competencia en materia electoral, salvo en casos de acefalía”, dijeron.
La fuente consultada aludió así al decreto 342, dictado en mayo pasado, que limitó la injerencia del Estado en los procesos electorales sindicales, “priorizando la autonomía y autodeterminación de los gremios”. El Gobierno impulsó esa norma para adecuarse a los convenios sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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