En una entrevista con Infobae a la Tarde, el director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, calificó de “inconstitucional” el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, tras participar en la primera audiencia pública, donde se registró la inscripción de más de 100 mil personas para exponer su preocupación por la protección del agua.
En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Nápoli mostró la cintita con sello de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como expositor y destacó: “102 mil personas se inscribieron para participar. Es un estadio de River y un poco más”. Remarcó el carácter federal de la convocatoria: “Vimos testimonios de gente de todas las provincias, de todos los lugares”.
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El conflicto por la nueva ley de glaciares y la masiva respuesta social
La jornada en el Congreso se inició con la presencia de 102 mil inscriptos para participar de las audiencias sobre la Ley de Glaciares, aunque solo 300 personas pudieron exponer en forma presencial. Napoli contextualizó: “Lo razonable hubiera sido reestructurar eso. Se podrían haber hecho audiencias simultáneas en el interior del país, en los lugares donde están las cuencas hídricas que más provisión de glaciares tienen”. Según explicó, la dimensión del interés social superó por mucho las expectativas iniciales: “Nosotros calculábamos 10 mil personas aproximadamente. Esto se expandió y da una idea del interés que representa”.
Durante la audiencia, Napoli subrayó la preocupación por el impacto de la minería de alta montaña: “No es que es no a la minería, es el 0,3% no a minería sobre glaciares, porque los glaciares no son compatibles con la actividad minera. Cuando la minería llega, el glaciar vuela por los aires”. Detalló que ese porcentaje del territorio nacional resulta clave para la provisión de agua en provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca, donde se concentran proyectos de cobre que podrían habilitarse con la nueva ley.
En ese sentido, advirtió: “El resultado va a ser una judicialización, porque se van a judicializar cuando las provincias eventualmente planteen que este glaciar no es sujeto de protección porque no es reserva estratégica de agua, y después cuando se habilite el proyecto”. Criticó la urgencia política con la que se impulsa la reforma: “No estamos discutiendo ciencia, ni ambiente, ni minería. Estamos discutiendo política. Es una decisión política del Gobierno llevarla adelante”.
Riesgos constitucionales y acuerdos internacionales
El director de FARN sostuvo que el proyecto viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según la Constitución. “Hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, pero no pueden hacer cualquier cosa con ellos porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección”, explicó.
Además, Napoli mencionó que la iniciativa contradice acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exige no retroceder en los niveles de protección ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones. “Estamos haciendo una apuesta de muy corto plazo que puede traer muchos problemas para adelante”, afirmó.
Consultado sobre la seguridad jurídica que buscan las empresas mineras, fue contundente: “No la va a haber, porque además las provincias están conscientes de que eso es así”.
El rol de IANIGLA y las dudas sobre el control provincial
Uno de los puntos más polémicos del debate es la transferencia de competencias al ámbito provincial. Napoli expresó su preocupación: “Si hoy tenemos un instituto que ha sido reconocido internacionalmente, no solamente por el trabajo, sino por el propio Inventario Nacional de Glaciares, su metodología es pública, todos la conocemos, y eso se lo pasamos a las provincias y no sabemos cómo van a operar”.
Describió la falta de transparencia en la selección de oradores para las audiencias y la incertidumbre sobre los criterios aplicados: “No se sabe por qué ni cómo le llegó ni de qué manera. Planteamos que la cuestión de la transparencia es muy importante en esto”.
Finalmente, recordó antecedentes negativos de la minería en zonas de glaciares, como el caso de Pascua Lama, clausurado en Chile por afectar ríos y vegas. “Esperemos que no se den acá”, advirtió.
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