Una diputada libertaria presentó un proyecto para exigir un examen “psicotécnico” a quienes aspiran a altos cargos políticos

La diputada nacional Mercedes Llano, integrante del bloque La Libertad Avanza y representante del Partido Demócrata, presentó un proyecto de ley que propone la obligatoriedad de un examen psicotécnico para quienes aspiren a ocupar los cargos políticos más altos del país.

La iniciativa, bajo el nombre de “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional”, apunta a que candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores nacionales electos y autoridades superiores del Poder Ejecutivo deban someterse a una batería de pruebas específicas antes de asumir sus funciones.

El objetivo central es garantizar que quienes conducen los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal.

De acuerdo con Llano, la evaluación constituye una garantía ciudadana destinada a asegurar que el liderazgo político posea la solidez mental y ética que hoy se requiere en cualquier otra profesión con alta responsabilidad social.

“La democracia no se agota en el acceso formal a la representación, sino que exige preservar la calidad institucional y la racionalidad decisoria en resguardo del interés general”, argumentó la autora del proyecto en los fundamentos de la iniciativa.

El texto presentado por la diputada define que el examen consistirá en una serie de pruebas psicométricas estandarizadas y validadas para el contexto argentino. Estas herramientas, utilizadas habitualmente en el sector privado, estarán orientadas a medir rasgos de personalidad, juicio ético, regulación emocional y respeto por las normas.

Un aspecto novedoso es la inclusión de protocolos para detectar la llamada “Tríada Oscura” (narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica), un conjunto de rasgos psicológicos que, según el proyecto, pueden afectar negativamente la gestión pública y el ejercicio del poder.

En los fundamentos, Llano sostiene que el espíritu de la norma es evitar que accedan a cargos de autoridad personas con estructuras de personalidad psicopática, falta de empatía, escasa responsabilidad o inclinación a tomar decisiones en beneficio propio y no del interés general.

La iniciativa también busca equiparar los estándares de aptitud psicológica funcional entre el acceso a cargos técnicos o administrativos y los cargos políticos. Según la diputada, “resulta incongruente desde una perspectiva institucional y democrática que se exijan mayores estándares de aptitud psicológica funcional e integridad para cargos técnicos o administrativos, como docentes o fuerzas de seguridad, que para quienes ejercen la conducción política del Estado”.

El proyecto prevé que la evaluación sea realizada por organismos especializados e independientes, garantizando rigor técnico y confidencialidad.

El resultado del examen se limitará a informar la condición de “Apto” o “No Apto Funcional” ante la autoridad correspondiente, sin divulgar información sensible sobre el evaluado. Asimismo, en caso de disconformidad con el dictamen, se contempla la posibilidad de revisión ante un comité técnico interdisciplinario, para resguardar el derecho de defensa y el debido proceso.

La autora del proyecto alertó sobre los riesgos que se procuran evitar con la implementación de este filtro: la presencia de rasgos disfuncionales y psicopáticos en posiciones de poder puede derivar en corrupción sistémica, autoritarismo y despotismo, con consecuencias negativas para la democracia y la gestión pública.

La medida, según Llano, no representa una restricción arbitraria sino una ampliación razonable del concepto constitucional de idoneidad, en línea con las demandas de la sociedad y los desafíos del sistema político actual.

El debate sobre la idoneidad psicológica y ética para cargos políticos no es nuevo, pero la obligatoriedad de exámenes psicotécnicos para quienes aspiran a la máxima representación pública constituye una novedad en el ámbito legislativo argentino. Actualmente, la Constitución Nacional y las leyes electorales establecen requisitos formales como la edad, la nacionalidad y la residencia, pero no contemplan evaluaciones específicas sobre aptitudes psicológicas o emocionales para ejercer el poder.

Según especifica el proyecto, se entiende por Idoneidad Psicológica Funcional la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular, comprendiendo, entre otras, las siguientes funciones:

• Juicio crítico y ético en la toma de decisiones públicas.
• Regulación emocional y tolerancia a la presión institucional.
• Autocontrol conductual y respeto por las normas constitucionales.
• Capacidad de autocrítica, trabajo en equipo y empatía institucional.

La evaluación por parte de los equipos especializados consistiría en la aplicación de una batería de pruebas de exploración psicológica estandarizadas, validadas para el contexto argentino y enfocadas en la medición de rasgos de personalidad con impacto en el ejercicio del poder, incluyendo:

• Evaluación de la Tríada Oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica, mediante instrumentos estandarizados.
• Evaluación de Juicio Ético y Toma de Decisiones ante dilemas propios de la función pública.
• Entrevista Psicométrica Estructurada por competencias.