El Gobierno envió al Congreso la reforma penal que lleva la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno envió hoy al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil con la intención de que esta semana sea debatido en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados.

El documento es el mismo que envió el año pasado y el punto principal del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad. Al igual que en ese momento, el proyecto establece bajar de 16 a 13 años la edad. Sin embargo, es poco probable que se acuerde ese piso con el resto de los bloques.

“Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”, habían dicho los referentes de los bloques de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR, por lo que se espera que cuando se dictamine el próximo miércoles se modifique y se establezca 14 años.

Por otro lado, en la reunión de los presidentes de los bloques con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se aclaró otro punto en conflicto: el financiamiento.

El proyecto original no contaba con fondos establecidos ni tampoco están presentes en el Presupuesto 2026. Sin embargo, Menem les anticipó que en este caso sí iban a estar.

Así quedó establecido en el art. 51 bajo el título de Asignación Presupuestaria. El proyecto de 2026 detalla un monto específico de $23.739.155.303,08 para su implementación, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y cuánto a la Defensoría General de la Nación.

El texto de la norma mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Asimismo, se establece un régimen penal juvenil distinto al de adultos, con penas máximas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

“El objetivo que señala el proyecto que persigue es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes y busca evitar que redes criminales utilicen a menores, quienes hoy son inimputables antes de los 16 años.”

En lo que se refiere al proceso penal, en el caso de los menores hasta 15 años el juez puede determinar medidas de privación de libertad en casos graves, pero se busca priorizar la resocialización. Para los delitos menores, se contemplan penas no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño.

Otro punto que se debatió durante el año pasado y que es probable que vuelva a ser una modificación en este proyecto es el de la pena máxima. En el dictamen alcanzado por el oficialismo y los bloques dialoguistas se estableció una pena máxima de 15 años de privación de la libertad solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, pero dando prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado para los delitos con penas de hasta 3 años. La privación de libertad solo se aplicaría como último recurso. En tanto que el proyecto original del Gobierno permite penas máximas de 20 años, sin posibilidad de reclusión perpetua o prisión perpetua, aun en casos de concurso de delitos.

El régimen penal juvenil del Gobierno también establece la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

“El proyecto cuenta con el establecimiento de derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.”

En este punto, que se mantiene, se concentró el debate de los fondos que el Gobierno ahora saldó con la posibilidad de hacer acuerdos provincias-Nación para el envío de partidas presupuestarias especiales para construir las nuevas instalaciones.

Por el lado de las víctimas, el proyecto cuenta con el establecimiento de derechos reforzados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.

Según el cronograma que comunicó el presidente de la Cámara de Diputados, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto para llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero.