El gobierno bonaerense cerró un basural histórico en Salto y habilitó un nuevo complejo ambiental

El gobernador Axel Kicillof, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y el intendente interino de Salto, Camilo Alessandro, encabezaron la puesta en marcha de un nuevo espacio destinado a la gestión de residuos. El lugar funcionó durante años como un vertedero informal y fue intervenido para permitir una disposición controlada.

El predio cuenta con una celda sanitaria, una cortina forestal aislante, una planta de reciclado equipada y un camión destinado a la recolección diferenciada. Las obras se enmarcaron en una política provincial orientada a mejorar los sistemas locales de tratamiento y reducir el impacto ambiental.

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los y las trabajadoras del sector”, afirmó Kicillof durante la actividad.

Por su parte, Vilar sostuvo: “Hoy estamos saldando una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esta comunidad, que ya no van a tener que respirar olor a basura”. En ese sentido, agregó: “Aún en un contexto complejo seguimos adelante, planificando, invirtiendo y creando políticas concretas para resolver los problemas de los bonaerenses”.

Desde la creación del Ministerio de Ambiente, la cartera provincial avanzó con un relevamiento de distritos que disponían residuos en vertederos informales y contaban con terrenos aptos para desarrollar infraestructura adecuada. El enfoque incluyó separación en origen, recolección diferenciada, reciclado y disposición final.

Según datos oficiales, el área ambiental provincial fortaleció los sistemas municipales mediante la entrega de maquinaria y el equipamiento de más de 150 unidades productivas. Además, distribuyó más de 100 camiones para la recolección diferenciada e impulsó un programa de Promotoras Ambientales con acciones de educación y talleres comunitarios.

El caso en Luján

El año pasado, gobierno nacional presentó una nueva propuesta técnica y legal para cerrar de manera definitiva el vertedero a cielo abierto más grande del país ubicado en la localidad bonaerense de Luján. La iniciativa, elaborada por la Subsecretaría de Ambiente, a cargo de Fernando Brom, fue elevada formalmente al intendente Leonardo Boto y busca reemplazar el proyecto anterior, que fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que no se terminó de desarrollar y quedó demostrado que era perjudicial para los vecinos que presentaron un recurso de amparo y una denuncia penal por la contaminación que a lo largo de décadas produjo el basural en napas, suelo y aire.

“Hace cinco años y medio se sigue contaminando con residuos peligrosos y no se acata la manda judicial de la cámara Federal de San Martín que obliga a la Municipalidad de Luján a volcar los residuos sólidos urbanos a la CEAMSE”, le dijo a este medio Viviana Novelle, una de las firmantes del amparo contra el proyecto anterior y la causa penal.

La abogada ambientalista también destacó la voluntad de La Libertad Avanza para llevar una solución al problema de contaminación que afecta a las familias que viven en las inmediaciones y a la escuela lindante al basural a cielo abierto. “Lo importante es que el subsecretario Brom que le puso el cuerpo a un tema muy difícil; la buena voluntad de Nación y el apoyo de los amparistas en un proyecto que es viable y que además trae trabajo a los recuperadores con la planta de transferencia que es lo siempre debió hacerse. Sucre, el proyecto anterior era inviable”, expresó Novelle.

Según ordenó la Cámara Federal de San Martín, el intendente Botto debe trasladar las 3600 toneladas de basura que se genera en el municipio a la CEAMSE y dejar de arrojar los residuos urbanos en el vertedero. Sin embargo, y tal como denunciaron los vecinos en un nuevo escrito judicial, solo envía 150 toneladas.

La nueva propuesta de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación responde a las observaciones formuladas por la justicia por el estado actual de las actuaciones administrativas, y a la necesidad de adecuar el proyecto a las condiciones reales del territorio.