El Gobierno no cede en la disputa con Techint y el conflicto por la licitación en Vaca Muerta tiene final incierto

Desde Mar del Plata, hasta donde había viajado para encabezar una recorrida por la ciudad y un acto de derecha, el presidente Javier Milei se metió de lleno en una inesperada discusión entre el Gobierno y la empresa Techint por una licitación para la construcción de un gasoducto en Vaca Muerta, que derivó en una discusión por la apertura de importaciones y podría terminar con una denuncia por competencia desleal.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando el grupo privado liderado por Paolo Rocca dejó trascender que estaba analizando hacer una presentación judicial después de haber perdido un negocio millonario en manos de una compañía India.

El consorcio de empresas energéticas Southern Energy hizo el llamado internacional para la compra de 480 kilómetros de tubos, en el marco de un proyecto para llevar el gas desde el reconocido yacimiento petrolífero hasta el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro.

En total, se recibieron 15 ofertas de proveedores, tanto de la Argentina como de diferentes partes del mundo, como España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía, pero finalmente se optó por la propuesta que hizo el conglomerado Welspun.

La firma proveniente de la India salió adjudicada con un precio de USD 203 millones y flexibilidad en la forma de pago y en las garantías, lo que representaba un 40% menos que su competidor local.

A través de su filial Tenaris, el Grupo Techint, que es el primer productor mundial de tubos sin costura destinados para la industria petrolera con 26.000 empleados en 17 países, había enviado un presupuesto 90 millones de dólares más caro.

Por su parte, la compañía fundada por la familia Rocca sostuvo que se trató de un hecho de dumping (competencia desleal), ya que Welspun fabrica sus productos con chapa de China, lo que le permite ofrecer precios inferiores a los del mercado.

La respuesta del Gobierno, que sería el que tomaría la denuncia, en caso de que se presentara, a través de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), fue contundente: “No vamos a pagar más caros los caños”, sostuvo a Infobae una fuente cercana a Milei.

En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA), que representa a las empresas locales del sector, prefirió no hacer declaraciones públicas al respecto.

Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad remarcaron a este medio que “lo ocurrido en estas horas es un conflicto entre privados“, ya que quien lleva adelante el gasoducto es el consorcio de empresas energéticas Southern Energy, pero remarcaron que “tiene que solucionarse con rapidez y responsabilidad”.

“Se trata de una obra estratégica para Vaca Muerta, para la competitividad energética del país y para miles de empleos. No puede ponerse en riesgo por discusiones públicas que no aportan soluciones”, advirtieron.

Asimismo, marcaron que el objetivo de la UIA es que haya “más inversión, más empleo privado y empresas argentinas más competitivas” y que, “para lograrlo, hay que mantener reglas claras, respeto institucional y diálogo”.

“La industria argentina sigue enfrentando distorsiones acumuladas por décadas —impositivas, laborales y logísticas— que afectan de lleno sus costos. Atacarlas requiere coordinación, no agravios”, sostuvieron.

Además, el organismo hizo una defensa de Paolo Rocca, al que calificó como “un empresario argentino de trayectoria global y prestigio internacional”.

“Lo esencial hoy es proteger la inversión, avanzar con la obra y cumplir los objetivos del RIGI: más producción, más empleo y más desarrollo para el país”, indicaron las fuentes consultadas.

Por último, subrayaron que “las empresas argentinas todavía están cargando con una mochila de distorsiones acumuladas durante décadas, especialmente en los últimos 20 años: presión tributaria, costos logísticos, infraestructura insuficiente, falta de crédito productivo competitivo, rigideces laborales y alta “.

“Todo eso impacta de lleno en los sectores transables, que compiten con el mundo. Entonces, cuando surgen tensiones en proyectos grandes, muchas veces aparecen esas asimetrías estructurales que todavía estamos tratando de corregir”, manifestaron.

El titular de este organismo, Martín Rappallini, mantiene una buena relación tanto con Techint como con las autoridades nacionales, que lo invitaron a participar del Consejo de Mayo que elaboró la reforma laboral y otros proyectos que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta.

La entidad, de todas formas, observa lo sucedido con atención y se encuentra a la espera de la posible presentación CNCE, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, hombre de estrechísima confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo, se abrió un debate por las supuestas consecuencias a la industria nacional que implicaría la decisión de elegir a un proveedor extranjero, especialmente de Asia, por sobre uno argentino.

El primero en contestar estas versiones fue el propio Presidente, que desde Mar del Plata escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre...”.

El día anterior, quien salió a dar explicaciones fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien utilizó la misma red social para defender el resultado de la licitación.

“A la postre parece lo más lógico, ¿no?: si lo podemos producir acá, ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario", comenzó explicando el funcionario.

En este sentido, señaló que, en primer lugar, la firma de Rocca “ofreció los caños 40% más caros”, por lo que, si se aceptaba esa propuesta para beneficiar al mercado nacional, se hubiera gastado más y también hubiera traído consecuencias, ya que significaba “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

“Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”, advirtió.

Además, Sturzenegger también rechazó el reclamo de Techint de que le dieran el first-refusal para igualar la oferta de la compañía india, al considerar que una medida así afectaría futuras licitaciones, porque los competidores “sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio”.

“No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola, modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento" cerró.

Por el momento, las autoridades nacionales no tienen previsto ningún cambio en el contrato que se hará con Welspun y, más allá de los cuestionamientos públicos a Rocca y a Techint, esperan recibir la denuncia -si es que ocurre- para decidir después los pasos a seguir.