Cuáles serán las propuestas que el peronismo llevará al Congreso para contrarrestar la reforma laboral

El gobierno de Milei apuesta a sancionar la reforma laboral en el Congreso durante el mes de febrero y para preparar el terreno el ministro del Interior Diego Santilli ya se encuentra de gira por las provincias buscando el apoyo de los gobernadores. Este viernes la mesa política libertaria se reunirá para terminar de definir la estrategia parlamentaria y también habrá encuentros técnicos para recibir los planteos de la CGT y las cámaras empresarias.

El peronismo rechaza de plano el proyecto de modernización de La Libertad Avanza porque asegura que no generará más empleo sino que busca flexibilizar y precarizar el mercado de trabajo para aumentar las ganancias de las empresas. “El proyecto del Gobierno busca desarticular al sindicato como sujeto colectivo, quebrar la organización colectiva de los trabajadores y reinstalar un modelo laboral fundado en el miedo, la falsa negociación individual y la inestabilidad absoluta. No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, planteba un borrador que circuló por las bancadas de Unión por la Patria en la previa del debate en comisión del Senado. Sin embargo, los diputados y senadores peronistas trabajan en diferentes proyectos alternativos de modernización laboral para no limitarse a rechazar las propuestas del Gobierno.

“A nosotros nos dicen que nunca propusimos una reforma laboral, pero es mentira. Tenemos que demostrar que hubo muchas propuestas durante los últimos dos años, pero nunca pudimos pasar el filtro de la comisión de Trabajo que presidía Martín Tetaz”, explicó un diputado que está trabajando en propuestas alternativas.

En la Cámara de Diputados hay varios integrantes de la bancada peronista que provienen del mundo gremial o son especialistas en la materia, como la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos; el titular de La Bancaria Sergio Palazzo; Carlos Cisneros, también dirigente de La Bancaria, el secretario de Smata Mario “Paco” Manrique, Hugo Antonio Moyano, hijo del dirigente Camionero y el secretario general de la CTA Hugo Yasky. En el Senado, la coordinación quedó a cargo de Mariano Recalde, abogado especializado en Derecho laboral e hijo del histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde.

En las filas de la oposición saben que sus proyectos no podrán ser tratados durante las sesiones extraordinarias porque el Poder Ejecutivo no los incluirá en el temario oficial. Por eso apuestan a aprovechar el debate para instalar otras propuestas “que atacan los problemas que la reforma laboral de Milei no va a resolver”. Y respecto al proyecto impulsado por la Casa Rosada, aseguran que hay dos caminos: la de máxima será lograr el rechazo total de la reforma, y la de mínima apuntarán “contra los artículos más regresivos, como las restricciones al derecho a huelga”.

Ante la consulta de Infobae, la diputada Olmos aseguró que todavía están “redondeando” la propuesta, pero varios de los puntos que el peronismo buscará poner en debate ya se conocen en términos generales.

En primer lugar, plantearán como regla general el fortalecimiento de la negociación colectiva para recomponer los haberes, con paritarias libres sin techo. Sobre este punto, critican la práctica de la Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas porque superaban la pauta inflacionaria establecida por el programa económico. En esa misma línea, proponen darle mayor centralidad al Consejo del Salario, que establece el salario mínimo, vital y móvil. Además, establecerán que el salario debe ser pagado íntegramente en dinero, en clara confrontación con la posibilidad de pago en especie que defiende el oficialismo.

Por otro lado, buscarán incluir a los trabajadores de plataformas en un régimen donde se reconozca la relación laboral, específicamente reglamentando el principio de “presunción de relación laboral”. También apuntarán a la apertura de los algoritmos para determinar la forma en la que se asignan los clientes, las penalizaciones y los bloqueos.

Entre otros derechos que buscarán incorporar a la discusión para los trabajadores de plataforma también se destacan las vacaciones pagas, la provisión de elementos de seguridad y la cobertura por accidentes, y el derecho a conectarse y desconectarse libremente sin penalidades.

El peronismo también pretende volver a dar una discusión que no prosperó durante el gobierno de Alberto Fernández: la ampliación de las licencias por paternidad. Sobre ese punto aclaran que no tendrá costo para las empresas ya que estará cubierto por la ANSES, al igual que las licencias por maternidad.

Otra conocida discusión que el peronismo intentará actualizar es la reducción de la jornada laboral, que ya tuvo algunas experiencias piloto en Latinoamérica (Chile, Colombia, México) y varias en Europa (Francia, Alemania, Bélgica). Esta política, aclaran, deberá ser gradual y progresiva, por lo que el primer paso sería bajar a 7 horas diarias o 42 semanales. Así, apuestan a aumentar la productividad, generar más oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Para los trabajadores que realizan sus tareas desde sus casas o en modalidades “híbridas”, el peronismo quiere profundizar sobre el “derecho a la desconexión”, es decir, garantizar las horas de descanso sin tener que contestar comunicaciones o realizar tareas fuera del horario laboral estipulado.

Finalmente, la contrapropuesta a la modernización laboral de Milei incluirá la instauración de un bono anual de participación en las ganancias de las empresas. Se trata de un derecho incluido en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó de forma generalizada. “Eso ayudará a que los trabajadores tengan más interés en que a las empresas les vaya bien y ayudará a que los salarios sean verdaderamente dinámicos hacia arriba, no hacia abajo”, explicó el Recalde durante el debate en comisión en el Senado.

Durante las próximas dos semanas el peronismo seguirá trabajando en unificar criterios para llegar a un texto común, a tiempo para la primera semana de febrero, cuando el Gobierno prevé comenzar el tratamiento formal del proyecto en el Senado.