Industria del juicio: denuncian un armado de demandas laborales para perjudicar a una empresa en Río Negro

Una empresa que brinda servicios de limpieza denunció un mecanismo recurrente de demandas laborales millonarias en el Centro Atómico Bariloche (CAB), donde afronta un juicio por más de 1000 millones de pesos ante reclamos de 49 trabajadores que se “autodespidieron” y exigen indemnizaciones.

Lo que sucede en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se considera un caso típico de la industria del juicio en la Argentina que atormenta a los empresarios y ahora afecta a La Mantovana, una empresa especializada en servicios generales con más de 55 años de trayectoria, cuyo conflicto laboral, que pasó al ámbito judicial, está ahora a consideración del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia.

En el área jurídica de la empresa explicaron que todo comenzó cuando La Mantovana perdió en 2024 una licitación en el CAB tras haber prestado el servicio de limpieza durante 5 años, con empleados encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM).

Al finalizar ese proceso, los 49 trabajadores reclamaron despido indirecto (figura prevista en la ley en caso de incumplimientos graves del empleador), pidieron dirimir qué convenio colectivo de trabajo les corresponde y exigieron el reconocimiento de diferencias salariales conforme al régimen del Sindicato de Comercio a pesar de que, según la compañía, no existe ninguna actividad comercial en el centro científico y ese convenio no resultaría adecuado para aplicar al personal.

La demanda inicial ascendía a $200 millones, cifra que, por la actualización de intereses impuesta por la justicia, trepó a $1.080 millones en octubre del año pasado.

El conflicto por una costumbre no escrita: cada vez que una compañía pierde una licitación en el Centro Atómico Bariloche, el personal debe ser absorbido por la nueva prestataria, aunque los pliegos no imponen esa obligación. Según fuentes empresariales, “cada 2, 4 o 6 años, depende cuándo se retire el concesionario, el personal cobra la indemnización por la antigüedad y sigue trabajando para el nuevo prestador del servicio”. Así, los empleados perciben compensaciones por el despido, pero mantienen su puesto tras el traspaso.

Esta tradición en el CAB cobró una dimensión particular con la última licitación del servicio de limpieza. La Mantovana fue descalificada en el rubro sostenibilidad laboral por aplicar el convenio del SOM y proponer la respectiva obra social, frente a la exigencia, informal pero históricamente aplicada en la empresa, de utilizar el convenio mercantil, más antiguo y amplio. Finalmente, la empresa Linser ganó la licitación, aunque su oferta en la licitación resultó un 20% más cara que la anterior, de acuerdo con la información que surgió de ese proceso.

Tres días antes de la finalización formal de la concesión de La Mantovana, los 49 empleados firmaron el alta temprana como trabajadores en Linser, pese a que aún no había comenzado sus tareas en el CAB, y algunos días después recién se dieron por despedidos. “Incumplieron su obligación y el principio más importante del contrato de trabajo, que es la buena fe, porque se inscribieron como personal de otro empleador y todavía trabajaban para La Mantovana”, explicaron abogados de esta compañía.

Es decir, comenzaron con las acciones legales por despido indirecto y reclamo de indemnizaciones, a pesar de que no existió una interrupción laboral real.

La fuente consultada aseguró que los 49 empleados se dieron por despedidos invocando que no les dieron continuidad laboral, algo incorrecto, según afirmó, porque primero tendrían que haber intimado a la empresa e incluso resaltó que les exigieron que retomen sus tareas en el CAB y “nunca quisieron ir a trabajar”.

Incluso cuando la nueva concesionaria comenzó a prestar el servicio, los 49 empleados iniciaron juicios contra La Mantovana y por primera vez reclamaron diferencias salariales porque consideraron que tendrían que haber estado encuadrados en el convenio de Comercio y no del SOM, aunque el CAB no ejerce la actividad mercantil.

“Los empleados declaran que ellos sabían que iban a continuar trabajando porque hace 20 años que vienen haciendo lo mismo y siempre mantienen su empleo”, señalaron en el sector jurídico de La Mantovana, donde calificaron la situación como “un armado” frecuente propiciado, entre otros, por un abogado que habitualmente lleva adelante estos reclamos y que “tiene siempre los mismos juicios por los mismos empleados contra todas las concesionarias que pasan por el CAB”.

La empresa en conflicto rechazó resolver las demandas con arreglos expeditivos y decidió aportar documentación ante la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. Según registros consignados en la sentencia, se presentaron recibos, nóminas, certificaciones y pruebas de protocolos de transición, en un expediente que fue unificado por acumulación de causas.

El 15 de septiembre de 2025, finalmente, el tribunal dictó sentencia de primera instancia, desestimando la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (que establece las obligaciones del empleador al finalizar la relación laboral), aunque admitió parcialmente otros rubros reclamados en materia salarial e indemnizatoria.

El monto central de condena certificado asciende a más de $814 millones, mientras que el depósito inicial fue cubierto con un seguro de caución por $1.036.655.091,31, que incluye honorarios, IVA, caja forense y tasa de justicia. Este procedimiento sigue en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al que la empresa dirigió un recurso de casación reclamando la revisión del fallo.

Los abogados de a Mantovana afirmaron que su estrategia fue “enfrentar el sistema de acuerdos forzados y litigar con prueba completa". “Está acreditado el encuadre, las certificaciones y las altas previas en el nuevo empleador con cobertura ART -agregaron-. No vamos a convalidar una matriz de reclamos seriales que castiga a quien cumple. Confiamos en que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ponga las cosas en su lugar”.