Por qué el gobierno quiere mantener preso a Jones Huala y la dificultad de la Justicia para incriminar a la RAM en atentados

El fuero federal investiga vínculos de la Resistencia Ancestral Mapuche con delitos e incendios en la Patagonia argentina

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Facundo Jones Huala es el único detenido en el marco de la causa que busca incriminar a la RAM por hechos vandálicos

El gobierno nacional quiere que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido en una cárcel de máxima seguridad. La Justicia Federal, con dificultad, busca elementos para incriminar a la RAM en atentados e incendios.

La existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) parece debatirse entre la construcción discursiva de Facundo Jones Huala y su verdadera dimensión en los hechos.

El mapuche está preso desde junio pasado, denunciado por su relato durante la presentación de un libro que escribió desde la cárcel. El gobierno nacional y luego el de Río Negro lo denunciaron por incitar a la violencia colectiva y presunta asociación ilícita.

Cuando socializó el escrito, al que bautizó “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, brigadistas y combatientes luchaban contra las llamas en distintos puntos de la Patagonia. Jones Huala justificó los atentados incendiarios y celebró la lucha anticapitalista a través de “cualquier método”. Incluso incendios.

El video que grabó su mamá Isabel Huala y subió a las redes, lo llevó a prisión hasta la actualidad. Está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Trelew, a pesar de la insistencia de sus abogados de que quede libre o, en el peor de los casos, que sea alojado en una cárcel de seguridad media, en Esquel.

Jones Huala sostiene la existencia de la RAM pero sus abogados lo contradicen y sostienen que no es real. El convicto es el único que admite su pertenencia a esa organización e incluso es el único detenido en el marco de la investigación que impulsa la Justicia Federal.

Jones Huala detenido
Jones Huala detenido

El gobierno nacional rechazó el pedido judicial de trasladarlo a la unidad penitenciaria de Esquel, a pesar de la decisión del magistrado Gustavo Zapata de gestionar un cupo en esa dependencia.

Adujo razones de seguridad aunque en los últimos informes oficiales sobre su estadía en esa cárcel, obtuvo calificaciones positivas por su buena conducta.

“Es una clara demostración de que el Gobierno lo quiere preso, en una cárcel de máxima seguridad y donde no se cumplen en absoluto sus derechos ancestrales. No hay elementos para que siga detenido e incluso contradice lo que ordena la Justicia” aseguran desde su entorno.

La causa por la que permanece detenido fue configurada como investigación compleja, por lo que podría permanecer detenido hasta mediados de 2027.

La Fiscalía Federal, a cargo de Angela Pagano Mata, admitió en las últimas audiencias que trabaja a ritmo lento en la recopilación de pruebas y aseguró que “el objetivo es incriminar a la RAM en distintos atentados y hechos vandálicos”.

La principal dificultad investigativa es que Jones Huala no fue detenido durante la comisión de esos hechos, sino que en algunos atentados incendiarios aparecieron leyendas en las que la RAM se adjudicó esos episodios.

Para la defensa del mapuche, esos escritos “son insuficientes” para incriminar a Jones Huala e insistieron en que la existencia de la RAM “es ficticia”.

Durante su reclusión en Rawson, el activista hizo declaraciones aunque – a diferencia de otras apariciones públicas en prisión– no hizo alusiones violentas ni llamamientos a cometer delitos.

“Nosotros defendemos nuestra tierra mapuche. Por eso hoy nos ayudamos, nos respaldamos. Soñamos con trabajar en defender nuestra tierra, nuestro trabajo mapuche, nuestro conocimiento, buscamos un camino correcto y una palabra correcta. No escuchen a los mentirosos y malvados. Tengan fuerza, hay fuerza en nuestros territorios, a esa fuerza pídanle” dijo desde prisión.

La preventiva del “lonko” se extenderá hasta marzo, luego de prorrogarse a mediados de diciembre por 90 días. En la audiencia prevista para los primeros días de ese mes, los abogados insistirán en la libertad de su defendido y la Fiscalía, se cree, volverá a pedir la prórroga por otros tres meses más.