Tras la apelación del Gobierno, la Justicia mantuvo en vigencia el protocolo antipiquetes

Luego de apelar el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado por Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad celebra hoy la suspensión de la reciente decisión judicial y la vigencia de la medida.

Desde la cartera que lidera la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, revelaron: “Ya presentamos la apelación y el juzgado concedió el recurso con ‘ambos efectos’, es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación. Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando".

Como contó Infobae, las autoridades recurrieron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida que aplican desde el inicio de la gestión.

A través de su cuenta de X, la flamante funcionaria celebró la determinación judicial y reafirmó la vigencia del protocolo diseñado por su antecesora Patricia Bullrich. “EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE. La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo”, expresó, y completó: “El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras”.

El pasado lunes, el juez federal Martín Cormick dejó sin efecto el marco de acción que despliegan las fuerzas de seguridad para contener las manifestaciones sociales y cortes de calle al sostener que el Poder Ejecutivo “atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo”. El Juzgado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) y determinó que el protocolo tiene ”vicios en su conformación legal".

En el fallo, el magistrado detalla que la administración pública no tiene la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, argumentaron fuentes de la Casa Rosada.

Por los pasillos de Balcarce 50, destacaron las medidas que adoptan las fuerzas de seguridad cada protesta social y celebraron la vigencia de las mismas. “El protocolo “anti-piquetes” sigue vigente. Saludos a todos", sostuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esta mañana, el funcionario anticipó la determinación de apelar la decisión y cargó contra la voluntad de suspenderlo. “La gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden en las calles y que garantiza la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz. El protocolo, que tiene fundamentos jurídicos, técnicos y operativos, ya fue validado por la Justicia en múltiples ocasiones. Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8000 piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden”.

Asimismo, otra de las que se expidió sobre el tema fue al actual senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien supo liderar la cartera. “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”, subrayó desde su cuenta de X.

El Protocolo Antipiquetes fue creado el 14 de diciembre de 2023 y oficializado a través de la Resolución 943/2023 publicada en el Boletín Oficial. Su implementación data de la masiva protesta del 20 de diciembre, a diez días de la asunción del presidente Javier Milei convocada por organizaciones de izquierda en rechazo a las políticas económicas de la administración libertaria.

Su plena implementación generó la reacción del arco político opositor que cuestionó la virulencia de la aplicación, que en más de una oportunidad dejó más de un herido, como es el caso del fotógrafo Pablo Grillo, y dio lugar a la presentación de un habes corpus, a cargo de la dirigente del MST Celeste Fierro, para su suspensión. Al respecto, el juez Sebastián Casanello le ordenó a Bullrich ajustar el accionar de las fuerzas de seguridad a los límites fijados por la Constitución Nacional.