En lo que fue la segunda jornada de debate de la plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo decidió acortar los plazos y apurar la firma del dictamen para lograr que el proyecto de Reforma Laboral pueda estar listo para ir al recinto la semana que viene, después de la fiesta de Navidad.
El plenario, que estaba citado para las 9:30 y comenzó 9:45, recibió expositores que en su gran mayoría se mostraron contrarios a la reforma que impulsa el Ejecutivo. Una primera tanda de abogados y asociaciones de abogados laboralistas, una segunda tanda de asociaciones de bancos y una tercera y última tanda que estuvo a cargo de representantes de la cultura.
La decisión del oficialismo es avanzar con la firma del dictamen, por eso la presidenta de la comisión de Trabajo, la senadora Patricia Bullrich, señaló minutos después de las 12 del mediodía que se pasaba a un cuarto intermedio hasta las 16, en donde iba a haber una nueva ronda de oradores y que a las 17 “les pedimos a todos estar presentes porque vamos a dictaminar”.
El senador del bloque Justicialista Mariano Recalde pidió extender el plazo “porque hay muchos que quieren exponer” y la respuesta de Bullrich fue tajante. “Hay una hora para exponer y después pasamos a dictaminar”. Para terminar dejó un comentario que marca un poco el clima que se vive en el Senado: “volvemos a reunirnos a las 16 así ustedes tienen tiempo de ir a la marcha”, en relación a la convocatoria a las 15 horas de la CGT en Plaza de Mayo.
En lo que se refiere a las exposiciones, los abogados laboralistas que tomaron la palabra fueron presentando oposiciones al proyecto. El primero fue Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien señaló que la propuesta “lo que busca es potenciar el poder del empleador. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos. Hay un avance en la eliminación de controles a los empresarios dando impunidad y en contra de los trabajadores y de los empresarios que cumplen”, agregó.
En la misma línea se mostró Pablo Topet, asesor legal de la CGT, quien señaló que la ley “es un atraso. Se desalariza, la jornada no tiene límite, modifica las facultades, se permite el pago en cuotas algo que es inaceptable. Se incorpora un mecanismo de protección al empleador por la indemnización. El derecho del trabajo es algo que inventamos para mejor mecanismo de seres humanos desiguales, es una involución inadmisible”.
El único empresario que estuvo presente fue Armando Farina, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, quien sostuvo que “no se está hablando sobre qué se va a hacer para incluir a los 11 millones de personas que están fuera del sistema. Si la reforma no incluye parámetros que deja de trasladar preocupaciones a las pymes y recursos a los trabajadores, va a seguir fracasando”.
Volviendo al mundo judicial, María Elena López, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, también mostró disidencias con el proyecto que busca dictaminar hoy Bullrich y señaló que en la entidad recibieron con “sorpresa y estupor los artículos 90 y 91 del proyecto de modernización como también todos aquellos que contiene el proyecto en materia de modificación de nuestra ley 18.345 de ordenamiento procesal”.
También hubo un espacio para que los sectores de la cultura expongan y en este caso el primero fue Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual, quien apuntó a los cambios impositivos que propone la ley para el sector y dijo que es “importante” que los legisladores entiendan “que lo que se está perdiendo es una cultura federal y repensar también si es necesario borrar los gravámenes que son de un sistema de comunicación federal o el gravamen a las entradas de cine que nada afecta a las provincias”.
Tello compartió el tiempo de exposición con el actor y productor Pablo Echarri, quien dijo que consideran al proyecto “regresivo y ruinoso en un marco de retracción y de pobreza. Es un sometimiento de los que generan el trabajo a los trabajadores”. Y luego de señalar que no era la primera vez que iban al Congreso a defender al sector preguntó ¿por qué el ataque es tan directo a la cultura?
Apoyo con disidencias
La primera voz a favor llegó de la mano de Pablo Dono, director legal de la Asociación Argentina de Contribuyentes. “Vemos positivo que la baja de impuestos se haga con equilibrio fiscal para no tener que caer ni en deuda, que es impuestos futuros o un default, por lo cual es muy positivo poder hacerlo de esta forma compasada, liberando sectores productivos y evitando la inflación”.
Quienes también estuvieron presentes señalando los beneficios “en general” fueron las asociaciones bancarias. Los hombres que representan a los bancos señalaron un apoyo en general a la norma pero rechazaron la apertura a las billeteras virtuales de las cuentas sueldo.
Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina y Javier Bolzico, presidente de Asociación de Bancos Argentinos; apuntaron contra el artículo 35 del proyecto. “”En principio estamos muy de acuerdo con la reforma laboral. Proponemos eliminar el art. 35 porque la cuenta sueldo es un pilar del sistema económico, es la protección legal del salario y está supervisada por el Banco Central", sostuvo Cesario. “Este es un muy buen proyecto porque parte de un buen diagnóstico con articulado consistente con los hallazgos de ese diagnóstico, pero el artículo 35 no hace a la reforma porque no ataca ninguno de los problemas, ni genera acercamiento a los objetivos”, señaló Bolzico.
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