La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció, a través de una resolución del Consejo Superior, que los hospitales universitarios recibirán en 2026 un 30% menos de fondos en términos reales que en 2025, si se aprueba el proyecto de Presupuesto Nacional impulsado por el Gobierno.
En el centro de la preocupación aparecen instituciones emblemáticas, como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA, que cada año asisten a más de 700.000 pacientes y funcionan también como espacios claves de formación, investigación y prestación de servicios altamente especializados.
La advertencia fue explicitada en una resolución aprobada este martes, en la que la UBA no solo califica como “brutal recorte” al ajuste presupuestario propuesto para sus hospitales, sino que además expresa su “extrema preocupación” por la propuesta oficial de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley, aprobada recientemente por el Congreso pero puesta en riesgo por el Ejecutivo, había sido considerada por gran parte de la comunidad educativa como un avance fundamental para regularizar, transparentar y garantizar los fondos del sistema universitario nacional y para recomponer los salarios retrasados de docentes, no docentes y personal científico.
Según la UBA, el insuficiente incremento nominal destinado a los gastos de funcionamiento, sumado al recorte real (30%) y a la proyección de una nueva caída en los salarios, profundizará una situación de “ahogo presupuestario” que desde hace meses mantiene en emergencia a la universidad y a buena parte de las casas de estudio del país.
El ajuste afecta al funcionamiento de servicios críticos como las guardias médicas, áreas de atención de alta complejidad y programas de investigación médicos universitarios, toda una trama de servicios que sostienen no solo la formación sino la atención directa de cientos de miles de personas que recurren al sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
El Consejo Superior de la UBA puntualizó además que el deterioro de la situación salarial afecta a toda la comunidad académica. Solo en los últimos dos años, el poder adquisitivo de docentes, no docentes y personal científico cayó en términos reales más del 45% respecto de diciembre de 2023, lo que amenaza la capacidad de retener profesionales altamente calificados y de garantizar la continuidad de las funciones de enseñanza, investigación y vinculación tecnológica.
En su resolución, la UBA reafirmó la declaración previa de emergencia salarial y señaló que la suma de desactualización en las partidas y el ajuste sobre hospitales puede socavar irreversiblemente la calidad de la educación universitaria y el acceso a servicios de salud esenciales.
El repudio al proyecto de derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario (Ley 27.795) también ocupa un lugar central en el comunicado institucional. Según la universidad, dar marcha atrás con esa norma “agravaría aún más” la ya crítica situación de las universidades nacionales y representaría un retroceso en derechos y transparencia presupuestaria que costó décadas de debates parlamentarios y movilización social conquistar.
Por todo esto, el máximo órgano de gobierno universitario resolvió solicitar formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo y/o la modificación del dictamen del proyecto presupuestario, y la aprobación de una propuesta que garantice el pleno funcionamiento de las universidades nacionales y la vigencia activa de la ley de financiamiento y recomposición salarial. El pedido fue extendido al Senado, en el contexto del tratamiento definitivo.
La decisión de la UBA se suma así a los señalamientos y reclamos que durante los últimos meses viene emitiendo el conjunto del sector universitario y científico nacional, en medio de una agenda marcada por el ajuste fiscal, la persistencia de la inflación y la discusión sobre el presente y el futuro de la educación y la salud públicas.
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