El Gobierno rechazó el desarrollo de un yacimiento offshore para extraer petróleo al norte de las Islas Malvinas

El Gobierno insistió este jueves en el rechazo a la explotación de un yacimiento petrolero offshore que se encuentra al norte de las Islas Malvinas. Todo se da después del anuncio por parte de las compañías sancionadas por la Argentina, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration Plc, quienes presentaron su decisión final de inversión en el proyecto conocido como Sea Lion.

Se trata de un punto a 220 kilómetros al norte del archipiélago argentino que fue descubierto en 2010. De acuerdo a las estimaciones, estiman que podrían extraer cerca de 819 millones de barriles de petróleo de este lugar. En ese sentido, la firma israelí anunció este miércoles a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv que invertirá U$S 1.170 millones para ejecutar la primera parte del desarrollo.

Para tener noción, la plataforma petrolífera marina se encuentra frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, en línea con las ciudades de Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.

En ese sentido, desde la Cancillería emitieron un comunicado en repudio al inicio de estas acciones que se ponen por fuera de la costa de las islas y, aseguran, necesita la autorización de las autoridades competentes argentinas para llevar a cabo las maniobras sobre la plataforma.

“La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion” ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina", señala el comunicado.

En tanto, apuntaron que “toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”. En ese sentido, acá se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Y remarcaron: “El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas”.

Desde el Gobierno señalaron que esta es una acción unilateral por parte de los británicos “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.

Justamente, apuntan contras las firmas que llevarán adelante la explotación ya que “han sido oportunamente sancionadas“. Y sostuvieron: ”Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012 y se dispuso su inhabilitación para operar en la República Argentina por un plazo de 20 años. Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la Resolución S.E. N° 240/2022 por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes".

“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas. En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”, enfatizó la comunicación.

Y completó: “Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables. Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.

Qué es Sea Lion, el proyecto que apunta a cambiar la economía de las Islas Malvinas

Descubierto en 2010 por la firma Rockhopper, los británicos no contaban con la capacidad para desarrollar la infraestructura para explotar este yacimiento. En ese sentido, este punto que se encuentra a 240 kilómetros de Puerto Argentino, se pretende extraer 500 millones de barriles de petróleo que hay en esta reserva.

De acuerdo a lo publicado por el diario inglés The Telegraph “se cree que el campo contiene 1700 millones de barriles de petróleo, lo que lo hace varias veces más grande que Rosebank, el mayor desarrollo planificado para el propio Mar del Norte del Reino Unido, que se estima que contiene 300 millones de barriles”.

En ese sentido, estudios advierten que este yacimiento podría aportar U$S 10.000 millones al PBI a lo largo de su vida útil y generar cerca de U$S 3.750 millones en ingresos fiscales. Se trata de una suma claramente importante para un territorio que actualmente se dedica a la cría de ovejas, pesca y el turismo, con una población que apenas supera los 3.500 habitantes.

Justamente, desde la provincia de Tierra del Fuego también expresaron su enfático rechazo y remarcaron que este es un “accionar unilateral, ilegal y provocador del Reino Unido pretende explotar recursos naturales argentinos en un territorio ocupado, vulnerando de forma directa los derechos de soberanía de 45 millones de argentinas y argentinos”.

El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, instó a una convocatoria urgente del Consejo Nacional de las islas y aseguró: “Es el saqueo material de recursos que pertenecen a los fueguinos y a todos los argentinos. No podemos aceptar esta política de hechos consumados ni la violación de la Ley 26.659. Es imperioso activar las sanciones penales y administrativas contra directivos y empresas que operan ilegalmente en nuestra plataforma continental. La defensa de la soberanía requiere pasar de la declaración diplomática a la acción jurídica concreta”.

Las actividades exploratorias de Navitas en Malvinas datan desde hace tiempo y ya fueron cuestionadas por la gestión de Alberto Fernández en septiembre de 2023. Además, la compañía había recibido en 2022 una sanción de 20 años por operar dentro de la plataforma continental argentina sin contar con la habilitación. El reclamo fue dirigido no solo al Reino Unido, sino que también alcanzó a Israel.