“Va a haber mucho control”: Alfredo Cornejo contestó las críticas por el regreso de la minería metalífera a Mendoza

El gobernador destacó la seguridad jurídica que tendrá la actividad a partir de la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura local

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Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

La aprobación por amplia mayoría en la Legislatura de Mendoza del regreso de la minería metalífera marca un punto de inflexión para la provincia, tras catorce años de prohibición y en medio de intensas protestas de sectores ambientalistas.

El gobernador Alfredo Cornejo subrayó que esta decisión otorga una seguridad jurídica inédita para la actividad, lo que permitirá atraer grandes inversiones y proyecta que, para 2027, Mendoza podría contar con la primera producción de cobre argentina.

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En la sesión legislativa, el Senado provincial ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación del proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ), ubicado en la localidad cordillerana de Uspallata, en el departamento de Las Heras, dentro del Gran Mendoza. Además, se aprobó la creación del Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que abarca veintisiete propuestas mineras, junto con la instauración del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación del Régimen de Regalías Mineras.

Cornejo, en diálogo con radio Rivadavia, defendió la institucionalidad del proceso y aseguró: “Damos garantía de la institucionalidad, pasan los gobiernos pero va a haber mucho control y desde ya un gran cuidado con que la actividad se haga bien, como tenemos gran cuidado sobre la vitivinicultura que salga bien, que también usa sustancias químicas perjudiciales para la salud”.

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El mandatario calificó de “histórico” el retorno de la minería metalífera y remarcó la importancia de la aprobación legislativa: “Son grandes inversiones y la seguridad jurídica que le ha dado ser aprobado por la Legislatura con amplia mayoría no es un dato menor”. También informó que se aprobaron “36 proyectos de exploración y 1 de explotación, que tiene 50 años de exploración y estaba frenado”. Y adelantó: “Es probable que en 2027 tengamos el primer cobre argentino”.

La votación se desarrolló en un contexto de fuerte movilización social. Manifestantes antimineros provenientes del Valle de Uco, San Rafael y Uspallata se congregaron frente a la Legislatura para expresar su rechazo a la reactivación de la minería. Cornejo reconoció la persistencia de la oposición: “No faltan resistencias. Hay gente en contra que tiene dudas, dudas sobre controles, gente que directamente está negada a la minería, que sigue existiendo. No hay que desconocer que hay una crítica que persiste en Mendoza”.

El gobernador atribuyó parte de las críticas a la resistencia del sector agrícola, aunque destacó que la implementación del Plan Pilares permitió alcanzar un consenso entre el gobierno, el sector privado y la participación del sector público a través de las universidades.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado respaldó ayer en Infobae en Vivo el avance legislativo, al afirmar que la DIA y el proyecto San Jorge “son el resultado de una revisión exhaustiva por parte de los ministerios, universidades y organismos técnicos provinciales”. La vicegobernadora mencionó que “en la audiencia pública participaron más de 9.000 personas y, según los registros oficiales, el 67% se manifestó de modo favorable a la minería”.

Casado describió que el impulso minero responde a una estrategia de diversificación productiva frente al declive de la extracción petrolera: “Buscamos ampliar la matriz provincial siguiendo los estándares ambientales vigentes. Hemos involucrado a la Universidad Nacional de Cuyo, la Tecnológica Nacional y otras instituciones en la elaboración y revisión de los estudios técnicos”.

En la entrevista, subrayó que “el proceso es transparente, cualquier persona puede consultar toda la documentación del proyecto en la página del Ministerio de Energía y Ambiente”, dijo al desestimar los cuestionamientos sobre falta de información.

Para la funcionaria, los sectores movilizados en contra de la minería “representan a grupos que se oponen sistemáticamente al desarrollo, con posiciones políticas claramente identificables, pero no reflejan la mayoría social”. En referencia al respaldo electoral, señaló: “En la última elección, los partidos que alentaban la antiminería obtuvieron menos del 3% de los votos, y quienes propiciamos esta política superamos el 60%”.

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