El Senado de la provincia de Mendoza se prepara para votar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del megaproyecto de PSJ Cobre Mendocino, en la zona de Uspallata, también conocido como proyecto San Jorge. En este contexto, Infobae en Vivo convocó a dos referentes con posiciones antagónicas: Hebe Casado, vicegobernadora provincial, y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, para analizar el futuro de la minería en territorio mendocino.
Las entrevistas, realizadas en el programa de la mañana de Infobae en Vivo, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Micaela Mendelevich, coincidieron con la manifestación que estaba llegando a la capital mendocina para expresar su rechazo al proyecto bajo la consigna “el agua no se negocia”.
De acuerdo con lo informado por Infobae en Vivo, la sesión legislativa de hoy se centra en la posible aprobación del primer emprendimiento minero en Mendoza que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados y enfrenta un escenario favorable por parte del oficialismo que lidera el gobernador Alfredo Cornejo.
El debate sobre PSJ Cobre Mendocino, de capitales suizos y argentinos, se suma al tratamiento de otros proyectos vinculados a la expansión del sector, como el Fondo de Compensación Ambiental y la reconfiguración del régimen de regalías mineras. La empresa que impulsa el proyecto San Jorge sostiene que la explotación podría durar hasta 27 años, con una inversión estimada en 559 millones de dólares.
Diversas posturas frente a la explotación minera
El tratamiento parlamentario de la DIA coincide con una movilización masiva en rechazo a la minería a gran escala en Mendoza. El abogado ambientalista Enrique Viale describió un clima de participación multisectorial: “En Mendoza, la relación con el agua es única. Miles de personas, desde distintos puntos de la provincia, han llegado para manifestar una defensa férrea del recurso ante proyectos que ponen en riesgo la base misma de la vida y la economía local”, declaró a Infobae en Vivo.
Viale subrayó que, históricamente, Mendoza se caracteriza por la sensibilidad social ante posibles cambios en el uso del agua y recordó que “el 4% del territorio provincial es irrigable: el agua define la supervivencia y la producción”. En relación directa con la discusión legislativa, expresó que el proyecto San Jorge se impulsa “pese a la ausencia de licencia social y a un antecedente cercano. En 2019, una multitudinaria movilización derivó en el freno de una autorización similar”. Viale también apuntó que el actual despliegue minero incluye otros proyectos junto con San Jorge, entre ellos cambios en regalías y compensaciones ambientales que, en su opinión, “reducen los beneficios para la provincia y favorecen a las empresas”.
“Son varios proyectos los que buscan sanción legislativa. Hay una lógica de saqueo en instalar megaminería en la cabecera del principal río provincial, el Mendoza. La gente lo rechaza y no se puede hablar de consenso social”, remarcó el abogado. Como dato adicional, Viale enfatizó que las experiencias de minería a gran escala en Argentina y América Latina no han traído mejoras socioeconómicas proporcionales para las regiones involucradas sino que, según indicó, “en zonas mineras como Catamarca y San Juan los índices de pobreza y subdesarrollo permanecen elevados”.
El gobierno provincial dice que la minería va a diversificar la economía
Desde la perspectiva del Ejecutivo provincial, la vicegobernadora Hebe Casado respaldó el avance legislativo, al afirmar que la DIA y el proyecto San Jorge “son el resultado de una revisión exhaustiva por parte de los ministerios, universidades y organismos técnicos provinciales”. La vicegobernadora mencionó en Infobae en Vivo que “en la audiencia pública participaron más de 9.000 personas y, según los registros oficiales, el 67% se manifestó de modo favorable a la minería”.
Casado describió que el impulso minero responde a una estrategia de diversificación productiva frente al declive de la extracción petrolera: “Buscamos ampliar la matriz provincial siguiendo los estándares ambientales vigentes. Hemos involucrado a la Universidad Nacional de Cuyo, la Tecnológica Nacional y otras instituciones en la elaboración y revisión de los estudios técnicos”. En la entrevista, subrayó que “el proceso es transparente, cualquier persona puede consultar toda la documentación del proyecto en la página del Ministerio de Energía y Ambiente”, dijo al desestimar los cuestionamientos sobre falta de información.
Para la funcionaria, los sectores movilizados en contra de la minería “representan a grupos que se oponen sistemáticamente al desarrollo, con posiciones políticas claramente identificables, pero no reflejan la mayoría social”. En referencia al respaldo electoral, señaló: “En la última elección, los partidos que alentaban la antiminería obtuvieron menos del 3% de los votos, y quienes propiciamos esta política superamos el 60%”.
El uso y manejo del agua: eje central de la controversia
Uno de los principales puntos en disputa es la posible incidencia del emprendimiento minero sobre los recursos hídricos de Mendoza, que enfrenta una sequía de más de 15 años. Viale citó documentos oficiales para señalar que “San Jorge utilizaría 141 litros por segundo, esto es 12 millones de litros diarios durante dos décadas. Son cifras muy elevadas para una provincia donde el agua es muy limitada”. Rechazó además la viabilidad de procesos de ciclo cerrado anunciados en los estudios de impacto y advirtió: “Las estimaciones iniciales sobre uso de agua suelen aumentar una vez en funcionamiento los proyectos; lo muestran antecedentes recientes”.
En contraste, Casado sostuvo que el uso del agua por parte de la minería se sitúa en “alrededor del 1% del total provincial”, y atribuyó a otros sectores, en particular la agricultura, un mayor impacto en la disponibilidad del recurso. “En Mendoza hay una cultura fuerte de cuidado del agua, si han venido a Mendoza seguramente han conocido las acequias nuestras que vienen de épocas milenarias”, dijo. Por eso, “ese cuidado del agua ha hecho que Mendoza, sea un oasis cuando debería ser un desierto”, explicó.
Ahora, la provincia apuesta por “modernizar los sistemas de riego y la infraestructura hidráulica para asegurar productividad y sostenibilidad”, manifestó. Según la vicegobernadora, “la ley de aguas es la número uno de Mendoza y su cumplimiento es prioritario”.
Participación ciudadana y acceso a la información
En cuanto a la representatividad y transparencia del proceso legislativo, las posiciones volvieron a divergir. Viale sostuvo que “el proyecto minero no fue discutido ni plebiscitado durante la campaña electoral. La legislatura avanza en una agenda que no estuvo en debate, y la prensa local apenas informa sobre la profundidad del conflicto”. También consideró que la distribución del poder en Mendoza, con el oficialismo liderado por Cornejo y el control de la mayoría legislativa y judicial, limita las alternativas ciudadanas y reduce el margen para expresar disenso a través de los canales institucionales.
Desde la administración provincial, Casado respondió que todas las etapas del procedimiento minero han sido “documentadas, abiertas y sometidas a controles técnicos y sociales”, y reiteró que “más de nueve mil páginas de estudios están disponibles en línea”. La vicegobernadora afirmó que “quien repite que no hay información disponible no accedió a los canales oficiales”.
La discusión sobre el rol de la minería en la economía mendocina también incorporó la relación con otras áreas productivas. Casado explicó que el gobierno “mantiene diálogo frecuente con la industria vitivinícola y otras cámaras empresarias para asegurar que la nueva actividad se integre sin conflictos”. Ilustró que los encuentros “Vinos y Minas” representan iniciativas de cooperación, y consideró que la minería proporcionará oportunidades laborales para jóvenes y profesionales formados en universidades locales.
Viale insistió en que la expectativa oficial sobre derrame de la actividad minera hacia el desarrollo regional no se corresponde con los balances de otras provincias argentinas ni países vecinos. “La experiencia muestra que la minería a gran escala no mejora los indicadores sociales, ni en empleo ni en distribución de la riqueza. Mendoza logró mejores resultados priorizando el uso diverso y sostenible de sus recursos naturales”, argumentó el presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Las entrevistas completas a Enrique Viale y Hebe Casado
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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.
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