Según el análisis de Cecilia Boufflet en su columna para Infobae En Vivo, durante los primeros dos años de gestión se registraron más de 60.000 despidos en el Estado, lo que representa una reducción del 17% en la cantidad total de empleados públicos. Boufflet anticipó que el Ejecutivo proyecta un ajuste adicional del 10% para 2026, profundizando así la política de achicamiento del sector público nacional.
“En los primeros dos años del gobierno de Javier Milei hay más de 60.000 despidos en el Estado”, detalló Boufflet en Infobae En Vivo, aludiendo a la suma de la administración central, la administración descentralizada y las empresas públicas. “Hay casi 61.000 empleados menos. Estaba repasando el número total, está en 285.000 empleados. Si han trabajado alguna vez los números del sector público, siempre estaban arriba de 300.000”, subrayó la columnista, quien remarcó que la cifra llegó a superar los 350.000 a mediados de 2023, para luego descender hasta el nivel actual.
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Boufflet explicó que el ajuste se realizó principalmente a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones, con una baja conflictividad social. “Es un ajuste del 17% del total y se supone o plantea el Gobierno que va a ir a un ajuste adicional del 10% más”, precisó. La columnista señaló que el mecanismo central consiste en depurar contratos cada trimestre, aprovechando los vencimientos para reducir la dotación.
En cuanto a la distribución de los recortes, Boufflet puntualizó: “¿Dónde están concentrados los despidos en la administración central? Más de 16.000 despidos. En la administración descentralizada, donde están fundamentalmente las empresas públicas, que es donde está gran parte del recorte, 20.000 empleados. Y en la administración descentralizada, 19.000 empleados. Ahí tenés ANSES, PAMI y demás”. La analista destacó que los recortes más significativos se registraron en empresas públicas y organismos de gran tamaño, como ANSES y ARCA (ex AFIP).
Entre los casos más notorios, Boufflet enumeró: “El Correo Argentino, con el ajuste más grande, más de 5.000 empleados ha ajustado el Correo Argentino. ARCA, la ex AFIP, con un poco más de 3.000 trabajadores despedidos. Muchos de estos no son despedidos, sino que son retiros voluntarios, no renovación de jubilaciones y demás”. La columnista también mencionó la baja conflictividad que acompañó el proceso: “Para mí, lo que hay que mirar con estos números también es la poca conflictividad que hubo, la poca o nula conflictividad que hubo en el Estado y en el funcionamiento del Estado y en la calle por un ajuste que empezó como muy por goteo”.
Boufflet continuó con el detalle de los organismos afectados: “Los operadores ferroviarios, 3.300 personas. El Banco Nación tiene un retiro voluntario de más de 2.000 personas, tiene 2.000 personas menos y 60 no son sucursales, pero oficinas como laterales que tenía el Banco Nación, que las cerró. El CONICET, fíjate, tiene un ajuste muy grande, casi 2.000 trabajadores. Aerolíneas Argentinas tiene un ajuste también ahí, retiro voluntario mediante, de 1.800 trabajadores. Lo sigue AYSA, 1.600, ANSES, 1.584 y después ya empiezan como algunos organismos públicos con menos de 1.000, pero todos con ajuste significativo. Las empresas públicas solas, por ejemplo, sumaban en total más de 20.000 desocupados”.
Al analizar los informes de dotación del Estado elaborados por el INDEC, Boufflet identificó excepciones y reorganizaciones en la estructura estatal. “¿Alguno ganó? Y sí, hay algunos que ganaron, pero en cada uno no tiene que ver con aumentar la planta de empleados públicos, sino en cómo han cambiado la asignación de recursos y de personal y de áreas que le toca a cada uno”, explicó en Infobae En Vivo.
La columnista subrayó que “Presidencia de la Nación es la que más fuertemente incorpora empleados”, y atribuyó este fenómeno al nuevo rol de la Secretaría General de la Presidencia. “No es que hay más empleados dependiendo de presidencia que antes que se incorporaran en el Estado, sino que organismos que estaban en otras áreas se los dieron. Ahora dependen de la Presidencia de la Nación, fundamentalmente por el rol que tiene ahora la Secretaría General de la Presidencia”, puntualizó.
Boufflet también mencionó el caso del Ministerio de Justicia, que absorbió áreas como la asistencia a la violencia de género tras la unificación con el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de Economía, que sumó competencias como Energía e Infraestructura. “El resto son todos aumentos, como la Procuración del Tesoro tiene un aumento más o menos significativo para la cantidad de trabajadores que tiene en total, 175 pasa a 230. Después el resto son todos completamente marginales. Están las fuerzas armadas en general. Nació un bursátil como la única empresa pública que incorpora empleados, pero la incorporación son de dos trabajadores, diez trabajadores y demás”, concluyó.
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