Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron este sábado una caravana hasta la Quinta Presidencial de Olivos desde el Congreso Nacional, en reclamo de la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.
La movilización comenzó a las 14:30 desde el Congreso. Según informó la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), desde allí, se movilizaron por la avenida Callao hasta Santa Fe, luego Cabildo, Maipú y Malaver, hasta la Quinta de Olivos, donde llegaron las primeras columnas a las 17:00.
En el lugar hubo presencia policial, aunque conformado por pocos agentes. La marcha fue pacífica, ya que no se reportaron incidentes ni hubo momentos de tensión.
“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, expresaron desde la organización encabezada por Norma Lezana, licenciada en Nutrición.
En esa línea, la consigna fue para pedir por la “aplicación inmediata y efectiva” de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. “Plata hay, el problema son las prioridades. Si el presidente y su gobierno no escuchan, vamos a Olivos para que nos escuchen”, destacaron desde APyT.
La movilización, que incluyó un ruidazo, estuvo dirigida a toda la comunidad. Así lo expresaron desde la organización en un comunicado: “Vení con tu auto, moto, bici o como puedas. Hoy vamos todos por el Garrahan, por la discapacidad y por la universidad pública”.
“Festejamos el conseguir las leyes, pero ahora nos damos cuenta de que el Gobierno no manifiesta la intención de aplicarlas. Lo hemos hecho democráticamente, lo hemos hecho con mucho apoyo social y hoy nuevamente nos encontramos yendo a manifestarnos de una manera original. No los vamos a dejar tranquilos", aseguró Cristina Alonso, perteneciente a la Comisión Directiva de la APyT.
En diálogo con Infobae, la doctora en Bioquímica y jefa del área de Laboratorios Especializados explicó que la propuesta de la caravana surgió por parte de de los familiares de los pacientes. Esperan una amplia convocatoria debido a la “transversalidad” del reclamo.
Alonso también advirtió que la falta de financiamiento afecta la calidad de la atención del hospital, ya que “los equipos están rengos” por la renuncia de profesionales: “Los turnos se retrasan, eso es un poco inevitable. El principal insumo es el recurso humano, y, si no hay concursos para reemplazar todas las renuncias que existen...Renuncian también becarios, que son los que tienen el sueldo más bajo. Eso es irreemplazable”.
Además de la marcha del sábado, un sector del personal agremiado impulsa un paro total para el martes 21 de octubre, la última fecha disponible para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley nacional de emergencia en salud pediátrica. La medida fue decidida por asamblea y se plantea como un ultimátum para la administración nacional.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el gobierno aún no implementó la ley pese a su aprobación en ambas cámaras y luego de vencer el veto presidencial. El dirigente remarcó que ese día “será el último que tiene el gobierno de Milei para implementar la ley de emergencia en salud pediátrica. Ya no hay excusas, tras cuatro votaciones parlamentarias con mayorías contundentes (sanción e insistencia contra el veto)”, declaraciones distribuidas en la gacetilla de ATE.
El reclamo de los trabajadores va acompañado de una crítica al uso de recursos oficiales. Lipcovich sostuvo que “la excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino especialmente porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras ‘prioridades’ en forma sistemática”.
En relación con las mejoras salariales concretadas tras las movilizaciones recientes, Gerardo Oroz, dirigente de ATE, subrayó que “el bono de $350000 y $450000 que conquistamos será permanente, según anunciaron tanto el gobierno como las autoridades del Garrahan”, un logro atribuido a “huelgas, asambleas y movilizaciones”. Oroz puntualizó que la recomposición salarial a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal, y advirtió que, ante cualquier intento del gobierno de desconocer derechos laborales, están dispuestos a “redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas”.
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