Defensor del Niño: pese a las denuncias de irregularidades, quieren votar las candidaturas el próximo miércoles

La votación de la terna propuesta para cubrir los cargos de Defensor y dos adjuntos está en el orden del día de la sesión del próximo miércoles, 8 de octubre. El motivo del apuro es evitar que la Justicia frene el concurso en respuesta a los amparos presentados por algunos postulantes que aseguran que la falta de transparencia del concurso y la sospecha de que el resultado estaba previamente arreglado perjudicó sus chances.

Este martes 7, se manifestarán frente al Congreso desde las 14 horas.

El pasado miércoles 18 de septiembre, en la sesión de la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos del Niño, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que el nombre de la candidata a ocupar el cargo estaba definido desde mucho antes de la evaluación final de los postulantes: María Paz Bertero. Acertó. Una semana después, el 25 de septiembre se anunciaba la terna que encabezaba Bertero.

Desde el mes de julio pasado, los siete integrantes de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor del Niño estaban llevando adelante un concurso para elegir al candidato o la candidata a ocupar el cargo que quedó vacante luego de la salida de Marisa Graham, cuyo mandato estaba cumplido.

El proceso consistía en la presentación de antecedentes, un examen escrito anónimo, la elaboración y exposición de un plan de trabajo por parte de cada candidato y una audiencia ante la comisión en la cual debían responder preguntas de los legisladores.

A lo largo de todo el proceso hubo quejas y señalamientos de postulantes, de miembros de la misma Bicameral y de varias asociaciones vinculadas a la problemática de la niñez. El summum se produjo cuando Mayoraz denunció que ya tenían acordado el nombre de la candidata.

Pero previamente ya había habido quejas porque no se publicaron los exámenes y porque los criterios de ponderación se fijaron cuando el proceso estaba casi concluido. En esa misma sesión del 18/9 -de nuevo, una semana antes de supuestamente definir el nombre- recién estaban presentando y aprobando los lineamientos para la evaluación de las distintas etapas del concurso: es decir que los criterios con los cuales ponderaron los currículums, los exámenes, el plan de trabajo y la audiencia en la que respondieron a las preguntas de los miembros de la comisión se fijaron cuando el proceso estaba prácticamente terminado.

Ahora, conocida la terna que la Bicameral quiere presentar al Congreso para su aprobación, varios amparos fueron presentados ante la Justicia, solicitando la invalidez del concurso, la suspensión del envío de las postulaciones al recinto y la inconstitucionalidad de las resoluciones que avalaron tantas irregularidades. Los amparos fueron interpuestos tanto por asociaciones como por concursantes que llegaron al final del proceso, es decir que aprobaron examen, presentaron plan de trabajo y asistieron a las audiencias públicas.

Entre los argumentos presentados por los concursantes y asociaciones está la falta de publicidad de la evaluación de los exámenes, el detalle de los puntajes colocados en cada etapa para el diseño del orden de mérito final y la ilegalidad de postular a defensores adjuntos siendo que la ley establece que sólo deben postular al defensor principal. Además, por supuesto, el hecho ya señalado de que durante las audiencias de la bicameral se filtró el nombre elegido antes de que votaran el método de ponderación y una semana antes de que anunciaran la terna.

En estos días los diferentes juzgados deberán decidir si hacen lugar a las medidas cautelares que piden la suspensión del concurso hasta tanto se resuelva si se produjeron irregularidades insalvables. Es decir que, entre tantas evidencias e ilegalidades manifiestas, los jueces tendrán que decidir si avalan este concurso o protegen los derechos de igualdad de oportunidades e idoneidad para los cargos públicos. La jurisdicción es la Justicia Federal ya que el demandado es el Congreso Nacional.

En respuesta al amparo presentado por la asociación Infancia Compartida, un juez ha solicitado al Congreso que responda en el plazo de tres días hábiles a las irregularidades denunciadas.

Pero el tiempo corre en contra, porque los mismos legisladores que se pusieron de acuerdo para definir una terna antes de que concluyera el concurso, han logrado ahora incluir la votación de estas candidaturas en el orden del día de la sesión del próximo miércoles.

Ante la gravedad de que prospere un nombramiento resultante de un proceso con tantas irregularidades, correspondería que un juez tome una medida interina para suspender el proceso hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

El supuesto error de avanzar sobre las facultades del futuro Defensor nombrando a los adjuntos -decisión que no le corresponde a la Bicameral- en realidad es la evidencia de que los nombres no surgen del concurso sino de arreglos políticos entre bambalinas: para hacer pasar la candidatura que les interesaba -Bertero- negociaron los otros dos nombres para obtener los votos necesarios en la Comisión.

Son reincidentes en esta práctica. Cuando se designó a Marisa Graham, en 2020, el procedimiento fue el mismo: la comisión eligió una terna en la que incluyó a un defensor opuesto al aborto, Fabián Repetto, para compensar a la activista ultra verde. El subterfugio funcionó y Graham fue elegida. A los pocos meses, el defensor adjunto pro vida no tuvo más remedio que renunciar dejando en claro que su nombramiento no respondía a la voluntad de consensuar entre diferentes posiciones. Repetto apuntó contra una gestión marcada desde el inicio por un fuerte sesgo ideológico. En su carta de renuncia, mencionó por ejemplo “la imposibilidad de diálogo al interior del equipo directivo (del organismo); diálogos que podrían promover consensos a partir del plural intercambio de pareceres”, remarcó.

Otro punto señalado por Repetto da otra pista de las motivaciones de los sectores políticos que controlan la bicameral. Señaló la falta de criterios claros, objetivos y transparentes para el reclutamiento del personal, lo que configuraba una institución con muy pocas “islas de excelencia técnica” y muchos “territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.

La Defensoría ha sido en estos años más una herramienta de uso partidario, clientelar y sectario que de defensa de los intereses de los niños y esa misma motivación es la que ha llevado a este que para muchos ha sido solo un simulacro de concurso porque la terna estaba ya negociada previamente, tal como lo denunció el diputado Nicolás Mayoraz.

La justicia acabó pronunciándose sobre las irregularidades en la designación de Marisa Graham, que también se caracterizó por la falta de transparencia, y ordenó la publicación de todos los documentos escamoteados durante el concurso. El Congreso cumplió la orden de la justicia con toda la morosidad posible: lo hizo recién en el año 2024, cuando concluía el mandato de Graham.

Cabe esperar que la justicia actúe con prontitud y que, esta vez, el Congreso responda en tiempo y forma y no convalide lo que bien podría ser la captura sectaria de un ámbito público que debería caracterizarse por una neutralidad impecable.