A través de la resolución 1449/25, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó la extensión de la zona franca en Misiones. Antes de la nueva normativa solo alcanzaba a Puerto Iguazú. Ahora se extendió a la capital, Posadas, y a Bernardo de Irigoyen, localidad que tiene una frontera seca con Brasil. Esto significa que de un lado de la calle es Argentina y del otro es territorio brasilero.
El planteo que avaló Caputo es un reclamo histórico de la provincia. Sergio Massa, siendo ministro de Economía, se había comprometido a avanzar en ese sentido. Pero no prosperó. Antes de su llegada a la cartera, el presidente Alberto Fernández había vetado una ley que se acercaba a ese objetivo.
El aval que dio el actual funcionario nacional es parcial. Y no satisface del todo el reclamo misionero. Pero es un avance.
En lo formal, la firma de Caputo se logró luego de dos cartas enviadas por el gobernador Hugo Passalacqua. La primera es de septiembre del 2024. La segunda está fechada el 14 de agosto de este año. Entre estos dos hitos y la 1449/25 hubo un sinfín de hechos que se concatenaron.
Hay que destacar que la decisión del ministro es política, no técnica. Aun cuando se considere la situación desventajosa en la que está Misiones frente a la normativa vigente en Paraguay y Brasil y a los altos costos que afronta en insumos, bienes y servicios en la tierra colorada. Basta con decir que es una de las provincias que no tiene gas natural.
Para hilvanar los sucesos hay que tener presentes los guiños que se fue haciendo Carlos Rovira, el hombre fuerte de la Renovación misionera, a la Rosada y viceversa luego de que se produjera una virtual ruptura en el alineamiento provincial con la administración de Milei.
Entre los últimos, cabe citar el ATN (Aporte del Tesoro Nacional) por $4 mil millones que llegó a Posadas antes de la votación en Diputados de los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Los legisladores misioneros que responden a Rovira votaron en contra del Gobierno nacional. Pero no levantaron la mano para el tratamiento sobre tablas del proyecto que limita al Ejecutivo en el uso de DNU (decretos de necesidad y urgencia). La iniciativa no reunió los dos tercios y no pudo incorporarse al debate. Este jueves hay una sesión clave en el Senado. Habrá que ver hasta dónde llega el acercamiento.
Una de las frases de cabecera de Rovira es “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.
Una solución parcial
Una Zona Franca tiene incentivos impositivos y regulaciones especiales que abaratan productos y servicios. Según el artículo 590 del Código Aduanero es “un ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que pudieren establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”.
La petición del Gobierno misionero era que este régimen se extendiera a toda la provincia. Sin embargo, la resolución 1449 autorizó la expansión de ya vigente en Puerto Iguazú a Posadas y Bernardo de Irigoyen.
Además, el anexo reglamentario de la normativa menciona que la extensión se concretará en “recintos” que deberán estar “deslindados y localizados en la zona de frontera” de ambas localidades. El temor que cunde entre comerciantes y empresarios misioneros es que se trate de una mera extensión del free shop ya existente en Puerto Iguazú. El local está en manos de un concesionario con sede en Buenos Aires que tiene varios free shop en toda la Argentina.
En la Zona Franca los productos, en su mayoría, solo están a disposición de los turistas. Los habitantes de esas ciudades tienen restricciones para comprar a fin de no afectar el comercio local.
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