La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al contexto generado tras el triple crimen narco en Florencio Varela, marcando la postura oficial ante un caso que permanece bajo secreto de sumario. En declaraciones a Radio Mitre, Bullrich enfatizó que la investigación principal está siendo llevada adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) y el Ministerio de Seguridad bonaerense, con la colaboración de fuerzas federales que se pusieron a disposición desde el inicio.
Desde el Gobierno nacional, la titular de Seguridad manifestó su cercanía con los familiares de las víctimas y confirmó que la Dirección Nacional de Trata del Ministerio de Seguridad nacional trabajó en coordinación con la fiscalía local desde las primeras horas de la desaparición de las jóvenes. “No hay información oficial que se pueda transmitir ahora”, sostuvo la funcionaria, considerando indispensable evitar especulaciones y actuar con prudencia en la transmisión de datos sensibles.
Consultada sobre el posible móvil del triple homicidio, Bullrich indicó que las causas y los autores aún no están completamente identificados. Según la ministra, lo que se ha comunicado hasta el momento por parte de las autoridades provinciales refleja el estado incipiente de la pesquisa. Y remarcó que, mientras el hecho figure como homicidio, la competencia corresponde a la PBA.

La funcionaria recordó la vigencia de la Ley Antimafia argentina, que permite, ante la existencia de una organización criminal, imputar a todos los integrantes con la misma condena, independientemente del rol que desempeñen en la cadena delictiva.
Por otro lado, Bullrich rechazó los intentos de politización en torno al caso y criticó la interpretación de ciertos sectores, incluyendo sectores feministas y funcionarios, quienes afirman que el crimen debe ser analizado como una cuestión de género. Desde su perspectiva, “banalizar esto y plantear si es o no un tema de género, con los medios que tiene el Ministerio de la Mujer, es de una bajeza y poca seriedad total y absoluta”. La ministra diferenció el accionar del narcotráfico de otras problemáticas sociales, asegurando que entre el 85 % y el 90 % de la lucha contra estas bandas está a cargo de las fuerzas federales del país.
En una crítica directa, la ministra planteó interrogantes acerca de la ejecución y seguimiento de investigaciones en la provincia, observando la posibilidad de que “una banda de este nivel de bestialidad y brutalidad pueda operar con normalidad”. También destacó la necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento e inteligencia criminal en zonas históricamente afectadas por el narcotráfico, como La Matanza, donde propuso realizar cambios estructurales de fondo.
Respecto de declaraciones de representantes de organizaciones como La Cámpora y figuras como Manuela Castañeira, Bullrich las calificó de “aberrantes”; e indicó que la tasa más alta de femicidios en el país se registró en la provincia de Buenos Aires, con un aumento del 1,4 % al 1,6 % entre 2023 y este año. De acuerdo con datos oficiales aportados por la ministra, a nivel nacional los femicidios disminuyeron de 272 en la gestión de Alberto Fernández a 247 en 2024. “El narcotráfico no se va a fijar a quién mata”, manifestó Bullrich.
Luego, Castañeira, candidata a diputada nacional del Nuevo MAS por la provincia de Buenos Aires, le respondió duramente en sus redes sociales: “La aberración sos vos”, manifestó, entre otros términos aún más duros.
Sobre las recientes declaraciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien relacionó la operatividad de la organización narco con bases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la ministra respondió: “Kicillof debe hacerse cargo del problema enorme de inseguridad en la provincia. No voy a politizar este caso ni le echaré la culpa al gobernador, mucho menos haría lo que él hizo, de difundir un comunicado y plantear que se trata de una organización con base en CABA cuando aún se conoce muy poca información”.
En cuanto al panorama del narcotráfico en la Argentina, Patricia Bullrich consideró que las grandes organizaciones que durante años controlaron el negocio en Rosario “están muy desarmadas”, situación que habría propiciado la emergencia de segundas y terceras líneas que buscan refugio en otros distritos.
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