Allanaron a ex funcionarios de Comodoro Rivadavia en el marco de una causa de corrupción con fondos para una emergencia climática

El poder judicial de Chubut inició un nuevo capítulo en torno a la gestión del ex intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, tras ordenar los allanamientos de domicilios y oficinas vinculados a exfuncionarios de su administración, enmarcados en una investigación por corrupción con fondos públicos destinados a una emergencia climática. El procedimiento judicial, confirmado este miércoles por el fiscal Cristian Olazábal, involucró a integrantes del círculo más cercano al dirigente kirchnerista, quien actualmente se postula como candidato a diputado nacional.

La causa, identificada como “Emergencia Climática II”, motivó una serie de operativos simultáneos en propiedades asociadas a exfuncionarios de confianza de Luque, considerado una de las figuras más relevantes del justicialismo provincial. Entre los lugares allanados, figura el domicilio del ex secretario de Economía comunal Germán Issa Pfister, cuyo rol resultó clave dentro del organigrama municipal y cuya proximidad política con el exintendente es reconocida por referentes del oficialismo local.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Olazábal brindó detalles sobre las medidas adoptadas.

“Se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”, precisó el funcionario judicial.

Los procedimientos se concentraron en la búsqueda y secuestro de equipos informáticos, celulares y documentación. “El porqué o el para qué lo secuestré no lo puedo decir, porque quiero preservar la investigación”, aclaró el fiscal ante las consultas periodísticas.

La noticia generó un inmediato revuelo político en la provincia, no solo por la cercanía de los protagonistas al ex intendente de Comodoro Rivadavia, sino también por el contexto electoral.

Luque calificó lo ocurrido como una “persecución política disfrazada de justicia”, según expresó en su cuenta de X tras la medida judicial contra su excolaborador Germán Issa Pfister. En sus declaraciones, sostuvo que se trató de una maniobra para reabrir una causa y prolongar “un manto de duda” sobre su entorno durante la campaña, opinión que profundizó el clima de polarización en Chubut.

La investigación judicial tiene su origen en el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y generó un estado de emergencia que derivó en evacuaciones masivas y daños materiales por montos millonarios. A raíz de ese contexto, el municipio destinó recursos a obras y asistencia que, de acuerdo con fallos del Tribunal Oral, fueron objeto de maniobras ilícitas. “Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. Es decir, en cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial”, recordó Olazábal durante su exposición pública.

Como resultado de la investigación inicial, en 2024 la Justicia provincial condenó a varios ex secretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, así como a inspectores comunales implicados en falsificación de partes y cobros indebidos por obras no realizadas. Además, cuatro empresarios resultaron condenados por su participación en el circuito de contrataciones irregulares. El proceso incluyó apelaciones y revisiones ante la Cámara penal y actualmente se encuentra en revisión por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

“A fines de diciembre de ese año, los condenados recibieron arresto domiciliario y luego fueron liberados por revisión judicial”, afirmó el fiscal Olazábal, quien subrayó que la decisión de solicitar la libertad permitió evitar el cumplimiento de una pena de prisión durante la tramitación de recursos. “Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”, sostuvo.

La derivación política llegó también desde el gobierno provincial. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, respaldó el accionar fiscal y cuestionó los tiempos del Superior Tribunal: “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal. No entiendo por qué tanta dilación. Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”, manifestó.

El surgimiento de la causa “Emergencia Climática II” responde a nuevos elementos detectados por la Procuración General durante el juicio original. Esos hallazgos derivaron en el impulso de nuevas pesquisas y la realización de los allanamientos de este miércoles, bajo órdenes de la Fiscalía. Los investigadores buscan ampliar la documentación sobre el uso de los fondos y los circuitos administrativos implementados durante la emergencia, recogiendo evidencias que puedan robustecer la acusación.

La Justicia mantiene bajo reserva los detalles sobre las pruebas incautadas y la eventual citación de los exfuncionarios implicados. Hasta el momento, no se difundieron imputaciones formales, aunque el foco de la pesquisa apunta a determinar responsabilidades individuales en el presunto desvío de recursos públicos. El propio fiscal evitó dar precisiones sobre los nombres, aunque confirmó que los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”.

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