Luego de que se pusiera en funcionamiento un régimen para conservar y administrar los bienes provenientes de causas federales, el Gobierno nacional dispuso la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La medida fue anunciada a través de la publicación del Decreto 582/2025 en el Boletín Oficial. Asimismo, las autoridades aclararon que la nueva entidad podría comenzar a funcionar después de cumplirse los 45 días hábiles de haberse firmado el documento.
De esta manera, indicaron que el organismo funcionará como autoridad de aplicación del Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio.
Entre las actividades que deberá realizar la entidad, se destacó la identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de todos los recursos que fueran incautados en el marco de una causa penal federal. La entrega de los mismos deberá ser coordinada con el Poder Judicial.
En línea con esto, la Oficina de Bienes Recuperados quedará supeditada a las directivas impartidas por el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, debido a que será el organismo responsable de evaluar y definir el destino final de los elementos incautados.
Frente a esto, las autoridades remarcaron la necesidad de contar con un organismo dedicado a la custodia y administración, tras señalar que “en el período comprendido entre los años 2012 y 2023 se inscribieron más de TRES MIL DOSCIENTOS (3200) bienes decomisados”, según los datos obtenidos por el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal.
“Ello evidencia la necesidad de contar con una estructura especializada que permita transformar dichos activos en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas”, apuntaron al indicar que sería necesario crear una estructura operativa para realizar un mejor aprovechamiento de los bienes en beneficio del Estado nacional.
Además, consideraron que la oficina será “una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del Estado Nacional relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales”.
Por otro lado, la entidad colaborará con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para llevar a cabo los procesos de enajenación o concesión para que los bienes puedan ser explotados comercialmente. Además, otorgarán permisos de uso precario y gratuito, que fueran aprobados por el consejo.
Incluso, estará a cargo del desarrollo de un informe detallado de gestión, en donde se precise los bienes cautelados y recuperados durante determinado período. El mismo deberá ser presentado tanto al Ministerio de Justicia, como al Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional.
Respecto a la dirección de la Oficina, esta recaerá en un director ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario. Asimismo, informaron que la designación y remoción del titular será competencia del Poder Ejecutivo.
No obstante, se tendrá en cuenta que para ejercer el cargo se exige ciudadanía argentina, título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Administración o disciplinas afines. Además, deberá contar con experiencia comprobable en gestión pública, administración patrimonial o coordinación interinstitucional, con preferencia en ámbitos judiciales o patrimoniales.
De esta forma, el director ejecutivo de la Oficina de Bienes Recuperados no solo deberá representar al organismo ante el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, sino que deberá proponer el reglamento interno de funcionamiento. El mismo será evaluado y aprobado por el Ministerio de Justicia.
En la lista de tareas también mencionaron la confección de una Memoria Anual de la entidad, que deberá ser elevada al ministerio para su posterior publicación y difusión. Incluso, podrá proponer contratos y/o convenios con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, universidades, asociaciones, fundaciones, empresas y organismos internacionales del orden público o privado para fortalecer la capacidad institucional y operativa de la oficina.
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