Tras el escándalo en Diputados, buscan bajar el nivel de violencia con la creación de una comisión de ética y disciplina

Desde hace un tiempo a esta parte la Cámara de Diputados parece haber ingresado en un espiral de violencia en la que se pasó de los dichos a los hechos.

Es normal que los legisladores tengan discursos encendidos, que se señalen unos a otros —sin hacer referencias personales— con palabras que en cualquier otro ambiente podrían significar un rápido pedido de disculpas. Pero desde hace algunos meses el recinto de la Cámara Baja vibra en una tensión constante como consecuencia de un creciente nivel de violencia, el uso desmedido de estrategias parlamentarias de dudosa rigurosidad y el accionar de las autoridades internas.

La última sesión culminó con bochorno. Un grupo de diputadas de UP cruzaron el recinto para ir a buscar a su par libertario José Luis Espert. Enfrentamiento cara a cara, insultos, empujones y gritos dieron como resultado una caída del quórum y de la sesión.

Más allá del rumor que la intención era hacer caer la sesión, la forma no es más que un correlato de lo que viene sucediendo. Previo a esto, se pudo ver como una diputada utilizaba un megáfono dentro del recinto, dos diputados de un mismo bloque que se tomaron a golpes de puño en el hemiciclo, denuncias de amenazas entre los legisladores, negación de la palabra en las comisiones, insultos, etc. Y esto también continúa en las redes sociales en donde varios legisladores insultan, suben videos o “retuitean” cuestiones peyorativas contra sus colegas.

A partir de esto, y luego del escándalo de la última sesión, la diputada Carla Carrizo del bloque Democracia para Siempre presentó un proyecto de resolución para crear la Comisión de Ética y Disciplina. La iniciativa apunta a que el Congreso cuente con un órgano permanente para intervenir en casos de desórdenes de conducta, faltas éticas y situaciones que afectan la institucionalidad del cuerpo, y lleva las firmas de Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Antola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

El artículo primero del proyecto establece su creación y señala que funcionará “administrativamente en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

El artículo 6 señala el funcionamiento de la comisión en donde explica que la misma deberá entender en la cuestión girada “en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la presentación, pudiendo prorrogarse por otros treinta (30) días por causa fundada”.

Asimismo, no establece penas sino que una vez tratado el caso la comisión elevará a las autoridades de la Cámara un dictamen en forma de “Resolución” proponiendo sanciones disciplinarias o la desestimación del caso.

Por último, plantea una modificación del artículo 188 del Capítulo XX “De las interrupciones y de los llamamientos a la cuestión y al orden” del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El texto original señala que la Cámara, sin discutir y a indicación del Presidente o de una moción de sus miembros, vota si hay que investigar un acto y a partir de esto se nombra una comisión de cinco miembros para que proponga la medida en el caso de que lo demande. El texto del texto presentado por la diputada Carrizo señala que en el caso de que el pleno de la Cámara vote afirmativo la investigación, “se girará el asunto a la Comisión de Ética y Disciplina, a fin de que proponga la medida que el caso demande”.

En los considerandos del proyecto la diputada recordó que la Cámara “ha ejercido su rol disciplinario en 26 ocasiones desde 1983, con 15 exclusiones, 8 suspensiones, 2 llamados al orden y un apercibimiento”.

Pero también señala que no existe un mecanismo para analizar las conductas de los legisladores fuera de las sesiones. “Hemos sido testigos de múltiples agresiones e insultos entre colegas o de un diputado/a a algún trabajador/a durante reuniones de comisión, en otros ámbitos de trabajo o incluso en reuniones institucionales en otros espacios y es preciso que exista el órgano institucional donde se puedan denunciar, analizar y considerar estos hechos a fin de tomar el temperamento de sugerir la aplicación de alguna medida disciplinaria”, explica el texto del proyecto.