Sin acuerdo entre oficialismo y oposición, el Senado se encamina a una sesión que auto convocará el kirchnerismo y un sector de la oposición “dialoguista” para pasado mañana -14 horas-, con el objetivo de sancionar las leyes que mejora las golpeadas jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
A esto se sumará un combo de dos proyectos que piden los gobernadores para fondear de manera automática a los distritos y se insistirá en norma vetada de ayuda tras el trágico temporal en Bahía Blanca. De esta manera el Ejecutivo, que rechaza el fin del superávit fiscal, definirá en los próximos días y, ante eventuales sanciones, cuáles de ellas anulará. También se agregaría una declaración del pleno sobre el caso YPF.
La reunión realizada esta tarde no fue considerada de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque y las autoridades suelen consensuar una agenda de cara al recinto. Como se esperaba, el oficialismo deslizó la idea de posponer el convite, algo que fue rechazado por el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa); y del integrante del radicalismo Pablo Blanco (Tierra del Fuego), entre otros.
Sin un plan de Labor consumado, la cita a ciegas al recinto será todo un desafío para las bancadas: se impondrá quien tenga el número. El problema está en que en algunas de las iniciativas hay diferencias no menores entre el kirchnerismo y los “dialoguistas”, lo que podría trabar la discusión in situ de las iniciativas en juego. O podrían regresar, en segunda revisión, a Diputados.
Además, el pleno tendrá que validar o no los dictámenes de los primeros tres textos -jubilaciones, discapacidad y moratoria- que las autoridades desconocieron por violar el reglamento. Esta cuestión tendrá que ser considerada por la oposición, ante potenciales impugnaciones judiciales por no seguir un trámite adecuado.
“Tengo puntos de la ley jubilatoria que quiero modificar. Y la moratoria previsional no la acompaño. Va a estar divertido el recinto el jueves”, sentenció un senador dialoguista a Infobae al término del cónclave informal. Podría haber otro el jueves -por la mañana- para hallar una vía que, al menos, amortigüe el empuje opositor. Será clave lo que haga la Casa Rosada en las próximas horas, pese a que aún no dio señales de movimiento.
La ley jubilatoria que avalaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas se abstuvieron- implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.
Con menos votos fue aprobada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la emergencia en discapacidad sería hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras otras.
Por otra parte, una de las iniciativas que desean los gobernadores incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
El segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.
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