Kicillof defendió la expropiación de YPF y advirtió que las acciones no se pueden ceder sin pasar por el Congreso

Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones del presidente Javier Milei que lo responsabilizó por el fallo adverso para Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Allí, el gobernador de Buenos Aires explicó por qué la decisión de “recuperar” la compañía petrolera para el Estado fue una decisión correcta, cuestionó la legitimidad de la jueza Loretta Preska para intervenir en el caso y apuntó contra el presidente libertario, a quien acusó de montar una estrategia para terminar cediendo la empresa a manos privadas.

“El Congreso, por amplia mayoría, resolvió que las acciones de YPF, no quedan a disposición del Poder Ejecutivo, menos todavía de un país extranjero. Por más admirador que sea Milei de Trump, no están las acciones de YPF al alcance de un país extranjero”, indicó el gobernador bonaerense, en una conferencia brindada desde La Plata, en la sede del gobierno provincial.

Luego enfatizó: “Para que las acciones puedan movilizarse de Argentina o ponerse en propiedad de otro tiene que haber una autorización del Congreso por dos tercios. Aunque Milei tuviera la compulsión y el deseo de entregar las acciones de YPF a quien se las pida no puede hacerlo sin pasar por el Congreso”.

En otro pasaje de su exposición, Kicillof esgrimió que “el 49% de las acciones de YPF son propiedad no del gobierno nacional si no de las provincias argentinas, así que tampoco la jueza podría avanzar sobre las acciones de YPF como si fuera patrimonio del gobierno nacional para cobrarse algo que consideran los buitres que tienen que cobrarle al gobierno nacional. Es propiedad de las provincias. Tiene inconsistencias enormes el fallo”.

Kicillof defendió la legalidad y los resultados de la expropiación de la petrolera en 2012. Según mandatario provincial, el proceso de expropiación fue una reacción necesaria al escenario provocado durante la gestión privada de Repsol, que controló YPF entre 1999 y 2012. “La historia muestra que privatizar YPF fue una verdadera desgracia para YPF, para Argentina y para las posibilidades de desarrollo de nuestro país”, expresó el gobernador al recordar las consecuencias económicas que tuvo para el abastecimiento energético nacional el vaciamiento de la compañía.

A su vez, destacó que el principal objetivo de la nacionalización era recuperar la capacidad productiva y el autoabastecimiento de energía, situación que, según él, había desaparecido bajo la dirección de la petrolera española. En la exposición, detalló que durante la gestión de Repsol “la producción de petróleo se redujo casi a la mitad” y “la producción de gas a partir de 2004 tuvo una caída del 42%”, lo que derivó en la necesidad de importar combustibles, generando números negativos en la balanza comercial energética argentina.

Kicillof mencionó que entre 2007 y 2011, el país pasó de tener superávit a un déficit energético de aproximadamente 9.000 millones de dólares anuales, atribuyendo esa situación al manejo privado de la empresa. Hizo hincapié en que en 2013 el déficit superó los 6.000 millones de dólares, mientras el país enfrentaba falta de combustibles y divisas, fenómeno que, según el funcionario, tuvo un impacto directo en la macroeconomía nacional.

El gobernador recordó que la decisión de expropiar YPF se tomó de acuerdo a los instrumentos que la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo y al Congreso cuando se trata de compañías de interés público. Subrayó que la ley de expropiación fue aprobada por “una amplísima mayoría en el Congreso”, respaldada por opiniones de juristas y dirigentes de diferentes espacios políticos, y defendió el carácter mixto actual de la compañía: “Se declaró de interés público el control de la compañía, no las acciones. De esa manera, se preservó que fuera una empresa mixta, público-privada, con control del Estado”, señaló.

En referencia directa al reciente fallo judicial que favorece a un fondo de inversión que adquirió litigios sobre YPF iniciados tras la quiebra de un accionista minoritario español, Kicillof cuestionó la decisión de la jueza Preska: “No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa u otra, esté por encima de la Constitución y de las leyes argentinas”, afirmó. Según Kicillof, el juicio que derivó en el fallo de Preska comenzó tras la intervención de un fondo buitre que compró los derechos litigiosos de un acreedor fallido, dando lugar a una sentencia cuya cuantía —17.000 millones de dólares—el gobernador calificó de “disparatada y cuestionable”.

Al criticar la actitud del presidente Javier Milei, Kicillof aseguró: “Lo grave de lo que está ocurriendo es que hoy quien gobierna es Milei, que está de acuerdo con regalar todo”. El gobernador declaró que impulsará una investigación sobre la supuesta relación entre las autoridades nacionales y el fondo buitre favorecido por el fallo. Aunque aclaró que no puede afirmar la existencia de un vínculo, sostuvo que “se va a investigar” cualquier posible relación directa, y responsabilizó al mandatario por cualquier decisión que, en sus palabras, “ponga en riesgo la soberanía energética del país”.

En el cierre de su exposición, Kicillof reiteró su postura frente al proceso judicial en Estados Unidos y a la política energética actual y responsabilizó a Milei por cualquier daño futuro que pueda producirse sobre los activos estratégicos de la Argentina.