A través de un breve comunicado, el vocero presidencial comunicó en la noche de este viernes que el Gobierno finalmente apeló la cautelar que ayer suspendió la eliminación del Día del Trabajador. “La magistrada actuó fuera de competencia, vulneró garantías”, apuntó Manuel Adorni contra la jueza Moira Fullana.
La administración de Javier Milei optó este viernes por apelar el fallo que restableció el feriado, intensificando así la disputa entre el Ejecutivo y el fuero laboral. La escena política se tensó luego de que la jueza Moira Fullana otorgara una cautelar que reinstaló la celebración tras la decisión oficial de eliminar el privilegio.
En la noche del viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni transmitió la postura oficial en un mensaje breve y enfático. “En el día de hoy el Gobierno ha apelado la medida de un juez laboral que anuló la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público”, indicó Adorni en el comunicado. El representante presidencial sostuvo que “la magistrada actuó fuera de competencia, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la Ley 26.854, que regula estas medidas en el ámbito administrativo, no laboral”. Adorni añadió que desde el Gobierno “no podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares”.
La presentación judicial ante la Cámara del fuero cuestiona la legalidad del accionar de la jueza, al considerar que “decidió sobre una norma administrativa desde la órbita laboral”, algo que desde el Poder Ejecutivo consideran improcedente. De acuerdo con la Casa Rosada, la magistrada debió haber remitido el expediente al fuero contencioso administrativo, que sería el competente para determinar la validez o suspensión de la eliminación del asueto.
La administración nacional fundamentó además que la eliminación del feriado fue adoptada a través de un decreto como parte de un plan de austeridad y control del gasto. La intención, señalan desde el Ejecutivo, es “ajustar los horarios de atención y presencia del personal en organismos estatales, en sintonía con los estándares internacionales y el uso responsable de recursos públicos”.
El conflicto sobre la eliminación del Día del Trabajador del Estado se intensificó a raíz del pedido de diversas organizaciones sindicales, que presentaron amparos y recursos judiciales con el objetivo de mantener la jornada no laborable. El fallo de la magistrada Fullana aceptó la argumentación sindical y ordenó reponer el asueto, al entender que forma parte de los derechos adquiridos de los empleados del sector público y que suprimirlo suponía un “retroceso en materia de protección laboral”.
La respuesta del oficialismo acentuó la controversia: el vocero Adorni consideró que la medida cautelar representa un episodio de “intervención indebida” y denunció la utilización de mecanismos judiciales para proteger “privilegios” en detrimento de una política de “racionalización del gasto estatal”. En la presentación de apelación, el Gobierno solicitó revertir la cautelar de manera urgente y remarcó que la decisión judicial “atenta contra el plan de reformas impulsado desde el comienzo de la gestión”.
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