El fiscal Álvaro Garganta citó a declarar a nueve empleados del Ministerio de Transporte para interrogarlos sobre las tareas que desarrollaba el ex ministro Jorge D’Donofrio y varios ex funcionarios de esa cartera investigados. La Justicia también quiere indagar en el rol que tenía dentro de esa cartera la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio.
Garganta citó a los empleados del Ministerio para que declaren como testigos. La ronda de declaraciones comenzará el próximo 2 de julio y terminará antes de la feria judicial.
“Queremos saber qué tareas cumplían algunos funcionarios y el funcionamiento interno en el Ministerio”, dijo una fuente judicial.
En la causa por las fotomultas, además de D’Onofrio están siendo investigados Pablo Javier Sanguinetti (ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV), Sebastián Desio (presidente de la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”), y empleados de los juzgados de Faltas que habrían participado de la maniobra.
Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, ex titular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal Pombo. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España).
Quattrocchi no es el único apuntado. Hace tres semanas las nuevas autoridades del Ministerio decidieron apartar de su cargo a Marcelo Peralta, que cumplía funciones como juez de faltas de Mar del Plata.
El listado de funcionarios se completa con la concejal Claudia Pombo, que tuvo que renunciar a su cargo de presidenta del Concejo Deliberante de Pilar por el escándalo y se habría alejado del entorno de D’Donofrio. De hecho, dejó trascender entre sus allegados que estaría dispuesta a declarar como arrepentida. ¿El motivo? Ya tiene una condena previa por irregularidades cuando estaba a cargo de un Registro Automotor en San Miguel.
Los empleados del Ministerio de Transporte citados a declarar deberán responder preguntas puntuales sobre Pombo. La Justicia quiere saber si la concejal cumplía funciones en esa cartera, aunque no tenía un cargo, y qué rol tenía en la maniobra.
D’Onofrio está siendo investigando por una serie de maniobras con el sistema de multas que permitía una recaudación paralela. Al momento de imputarlo, el fiscal dijo que había un grupo de funcionarios que “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Otra maniobra apunta a supuestas irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte.
A fines de mayo, D’Onofrio pidió adelantar su indagatoria y se despegó de las acusaciones. “Cuando nos hicimos cargo, el sistema (de las VTV) llevaba 20 años vencido y se prorrogaba año tras año”, aseguró el ex ministro. En su declaración también le apuntó a la empresa Secutrans, que impulsó la causa judicial en su contra.
No es todo. Los abogados de D’Onofrio vienen reclamando hace meses que esa firma pierda su calidad de “particular damnificado”. Argumentan que tiene unas 50 cámaras sin autorización en la Provincia y que no pudieron probar un “perjuicio económico”. “La supuesta irregularidad que utilizó el Señor Agente Fiscal para imputar a CECAITRA, impide que SECUTRANS SA -que está en igual situación de presunta irregularidad- continúe ejerciendo el rol de particular damnificado”, argumentaron los abogados del ex ministro en su última presentación.
Sin embargo, el fiscal Garganta ya respondió que no hay irregularidades con las cámaras de SECUNTRANS en los partidos Escobar y en Malvinas Argentinas y rechazó el planteo de los abogados de D’Onofrio.
Por ahora, el ex ministro de Transporte sigue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.
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