El Senado se prepara en las próximas horas para el aterrizaje del proyecto opositor que mejora las jubilaciones, aprobado la semana pasada en Diputados, y aguarda una definición de la Casa Rosada sobre los tiempos de debate, con un margen de maniobra más que reducido para bloquear una casi cantada sanción. Un sector del oficialismo considera que no tiene sentido demorar el asunto, mientras que algunos dialoguistas creen que, al igual que en 2024, el oficialismo se beneficiará más allá de cualquier resultado o eventual veto presidencial.
“Las elecciones se acercan y era previsible que ocurriera esto. No olvidemos que el año pasado se ganó bastante tiempo, aunque lo cierto es que el Ejecutivo no hizo nada para que cambiara esa situación. Entonces, ¿para qué dilatarlo ahora? ¿Para regalarle un show gratis al kirchnerismo, que sólo se preocupa cuando le sirve para sumar unos porotos? Y los dialoguistas tampoco se la van a perder. Muchos de ellos después dicen que son amigos de Milei. Haremos lo que nos ordenen, pero es mejor que suceda rápido y blindar un veto. El único milagro sería algún cambio para que volviese en segunda revisión a Diputados. Y tampoco tendría mucho sentido”, sentenciaron desde La Libertad Avanza a Infobae.
Hasta anoche, el oficialismo tenía pensado realizar durante la tarde de mañana una reunión junto a los jefes de bloques “dialoguistas” -como la UCR, que tiene guerras internas y una situación ya incontrolable para el oscilante correntino Eduardo Vischi, con correligionarios que ni siquiera asisten a sus convocatorias- y llevar una postura unificada a una -por ahora- potencial Labor Parlamentaria el miércoles. Allí se aspirará a ordenar la próxima visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a fin del corriente mes, y a discutir sobre el inicio o no de la cuestión previsional.
Antes de todo ello debe concretarse el envío de la iniciativa desde la Cámara baja hacia el Senado. Lo que se estima, al igual que en 2024, es que la misma sea direccionada a las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. A diferencia de Diputados, éstas deben trabajar en plenario para dictaminar el texto y no lo pueden hacer de forma independiente.
En caso de ser la de Trabajo y Previsión Social la cabecera -lo lógico-, quedaría al comando de la compulsa la macrista cordobesa y usual aliada al Gobierno libertario Carmen Álvarez Rivero. En tanto, el titular de la de Presupuesto y Hacienda es el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy).
La semana pasada, bancadas de la oposición dura y dialoguista aprobaron en el recinto de Diputados un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. Con menos votos fue avalada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En concreto, la suba del bono a $110.000 y su posterior renovación por inflación tendría un costo fiscal de alrededor de 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), ya que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó un impacto fiscal de 0,23% si se llevaba a $105.000, y de 0,30% si quedaba en $115.000. La oposición terminó por consensuar un sendero intermedio entre esas opciones.
Debido al viaje de Javier Milei al exterior, Victoria Villarruel ya se encuentra a cargo del Ejecutivo y mirará todo lo del Senado de costado. El viernes último renunció su ahora ex secretario administrativo, el efímero Emilio Viramonte Olmos. De nuevo una desprolijidad institucional que festeja la Casa Rosada y que se agrega a una batería de decisiones erráticas de la vicepresidenta, que comenzó entre octubre y noviembre de 2024. Como si fuera poco y sin aviso volvió a su cargo la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara alta, la peronista disidente Claudia Rucci, que renunció en enero último a dicho sitial.
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