Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados decidieron avanzar y presentaron un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 4 de junio. Según la solicitud enviada al despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el orden del día abarca siete proyectos, que van desde ajustes jubilatorios y la reinstauración de la moratoria previsional, hasta la declaración de emergencias hídricas en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones, así como la emergencia en discapacidad.
El temario no incluye la elección de las autoridades de la Comisión Libra ni la elección de los tres miembros para la Auditoría General de la Nación.
La solicitud lleva la firma de los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela. Es decir, de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia y Encuentro Federal. El bloque de la izquierda, aunque no firmó la solicitud, estaría dispuesto a prestar quórum.
El debate entre los bloques opositores sobre la estrategia a seguir el próximo miércoles aún no está cerrado. Por un lado, algunos consideran que es necesario avanzar “paso a paso”, abordando solo los temas en que hay consenso, evaluando luego la posibilidad de proseguir con otros asuntos en el recinto.
En lo que respecta a los proyectos jubilatorios, hay consenso. Argumentan que es crucial avanzar y, si fuese necesario, que sea el Ejecutivo quien asuma el costo político de un posible veto por segunda vez en dos años. Además, consideran que el costo de la medida es marginal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional, establecido en la ley 27.805, tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
Por último, los diputados buscan actualizar el bono a las jubilaciones, estancado en $70.000 desde 2023. Si el bono de reforzamiento de los haberes mínimos se incrementara a $105.000 a partir de junio, el impacto fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB).
Si el beneficio se elevará a $115.000, el impacto alcanzaría $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un coste anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
En el tema de discapacidad, hay más dudas debido al costo. El proyecto sugiere modificar las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo, así como aumentar los aranceles a prestadores. Esto podría incrementar el número de beneficiarios entre 493 mil y 946 mil personas, según varios escenarios, implicando un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones de pesos. Este gasto equivale entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
En la misma sesión, la oposición pedirá convocar el 10 de junio a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación, para dictaminar el 11 de junio los proyectos de ley de Financiamiento Universitario y solicitar una sesión para su tratamiento el miércoles 18 de junio.
Las propuestas relacionadas con modificaciones jubilatorias y presupuestarias universitarias fueron votadas durante 2024 y, posteriormente, vetadas por el Poder Ejecutivo de la Nación. Este veto fue respaldado en el Congreso por LLA, con el apoyo del PRO y los radicales “con peluca”.
Podría surgir una sorpresa con la conformación de las autoridades de la Comisión Libra. En los pasillos de Diputados se comenta que los diputados Paula Penacca (UP) y Oscar Agost Carreño (EF) preparan una estrategia basada en el reglamento para socavar el argumento de LLA, sostenido por la diputada del PRO, Silvana Giudici, que exige dos tercios para tomar esa decisión.
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