Otro juicio por corrupción contra la chaqueña Aída Ayala: la acusan de defraudar al Estado mientras fue funcionaria de Macri

La ingeniera Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia y ex diputada nacional por Cambiemos, ocupará nuevamente desde este martes el banquillo de los acusados en una sala de los tribunales federales de la capital chaqueña. El Ministerio Público Fiscal tiene la sospecha firme de que ella participó junto a otras tres personas en una maniobra de defraudación al Estado nacional cuando era funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.

No es algo nuevo para la dirigente de origen radical: en febrero del año pasado fue condenada a tres años de prisión en suspenso por otros hechos de corrupción iguales características a los que la acusó en esta causa el fiscal federal Patricio Sabadini.

En su requerimiento de elevación a juicio, el investigador judicial consideró que cuando Ayala fue secretaria de Asuntos Municipales, bajo la administración nacional de Mauricio Macri, direccionó contrataciones públicas en beneficio de Claudio Tolosa, titular de la firma “Service Hogar”, con sobreprecios notables.

Según la investigación se usaron fondos nacionales del programa “Mi Pueblo”, canalizados a través del municipio de Quitilipi (Chaco), para comprar herramientas y maquinaria. La operación central ocurrió a partir de un convenio suscripto en 2016 entre Ayala y el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, por un monto de $998.537.

El proveedor beneficiado, Tolosa, recibió $960.093,32 mediante un cheque, y retiró casi la totalidad del monto en los días siguientes. La investigación detectó precios muy por encima del valor de mercado y vínculos preexistentes entre Ayala, Tolosa y los asesores municipales Matías Balmaceda Paiva (abogado) y Miguel Ángel Vilte (contador), quienes fueron enviados por Ayala a asesorar al municipio.

Todos ellos cargan con la imputación del delito del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”, que contempla una pena máxima de seis años de prisión para Ayala, por ser considerada “autora” del crimen agravado por ser funcionaria pública. El resto, según la investigación de Sabadini, son partícipes necesarios.

Durante el debate, que se prevé durará cinco audiencias, y menos de un mes, deberán declarar como testigos el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien en 2016 era ministro del Interior y el jefe directo de Ayala, y el por entonces intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich. En total fueron citados 30 testigos por pedido del fiscal federal del juicio, Federico Carniel, y las defensas de los imputados.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco por el abogado Fidel Toledo, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la utilización de fondos nacionales destinados al municipio de Quitilipi. Esto derivó en la apertura del expediente.

El 27 de abril de 2018, funcionarios de la Fiscalía se presentaron en la municipalidad de Quitilipi y constataron la presencia de Matías Balmaceda Paiva, asesor legal, y Miguel Ángel Vilte, contador, quienes actuaban por indicación de Ayala. La investigación detectó que ambos habían sido enviados por ella para brindar “asistencia” al municipio y terminaron interviniendo en operaciones contractuales con fondos federales.

El fiscal federal Sabadini cree haber comprobado que Ayala direccionó la adjudicación de un subsidio nacional por $998.537 al municipio de Quitilipi, mediante el convenio N.º 0330 firmado con el entonces intendente Sergio Casalboni, en el marco del Programa “Mi Pueblo” del Ministerio del Interior.

El objetivo declarado era adquirir herramientas y maquinarias para el municipio. Sin embargo, el proveedor elegido fue Claudio Tolosa, de Service Hogar, una firma dedicada a la reparación e instalación de aires acondicionados, sin antecedentes en provisión de maquinaria pesada ni local comercial habilitado.

El 3 de noviembre de 2016, Tolosa cobró $960.093,32 mediante un cheque del municipio, suma que retiró casi en su totalidad en cinco días. El expediente incluye la rendición de cuentas aprobada por Ayala el 10 de abril de 2017.

“Dicha operación ha sido efectuada luego de que el Sr. Casalboni solicitara asesoramiento a Ayala para resolver algunos conflictos en la Municipalidad de Quitilipi, enviando esta última a profesionales de su confianza (Balmaceda Paiva y Vilte) quienes direccionaron esa operación de manera tal que todos los fondos que bajaban desde Nación hacia el municipio sean percibidos por Tolosa, dueño de la firma Service Hogar”, escribió el fiscal Sabadini en su requerimiento de elevación a juicio.

El fiscal también destacó que Balmaceda Paiva y Vilte llevaron a Quitilipi a la Cooperativa las Palmeras para el servicio de barrido y limpieza en la localidad. Vilte había sido su subsecretario de Economía en Resistencia y Balmaceda trabajó con ella en la Fundación Construir Estrategias para el Desarrollo, creada y dirigida por la propia Ayala.

“De dicha cooperativa formaban parte personas del entorno de confianza de Aida Ayala, es decir que todas las operaciones estaban direccionadas a favorecer a un grupo de personas que respondían a la entonces Secretaria de Asuntos Municipales”, remarcó. Según el testimonio de Casalboni incorporado al expediente, Ayala era quien “subía o bajaba el pulgar”.

Referente de la Unión Cívica Radical en Chaco, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos, entre 2003 y 2015. Ese año fue la candidata de Cambiemos para la gobernación pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente pasó al gobierno nacional y fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que dependía de Rogelio Frigerio, hasta que en 2017 fue electa diputada nacional.

En el juicio del año pasado, Ayala no alcanzó a escuchar su condena. Se desmayó antes. Y la pena de prisión fue condicional. Carniel podría pedir en ese nuevo juicio siete años de prisión para ella. Y efectiva.