Una senadora pidió echar a tres asesores que le advirtieron sobre un proyecto inconstitucional

La senadora libertaria y pastora evangélica, Vilma Bedia, se hizo conocida muy rápido en el Congreso por la activación de una pyme familiar de contratados que, al salir a la luz, tuvo que eliminar con una pequeña mentira, ya que dejó a uno de sus hijos con la categoría A-1, la más alta. Días atrás y, por fuera del radar, en su despacho se armó un escándalo cuando la legisladora puso el grito en el cielo contra tres asesores que le advirtieron sobre un proyecto inconstitucional y una respuesta en modo Flash: pidió desafectarlos y desde hace días les impide el ingreso a las oficinas que la jujeña tiene en el Anexo.

Según pudo confirmar Infobae, la nueva novela se inició cuando Bedia requirió la confección y revisión de un proyecto -con la supuesta orden y venia de la propia Casa Rosada, como suele deslizar la senadora en diversas intervenciones informales- para algo irrealizable en la actualidad, tanto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la ley del empleado legislativo, la 24.600: eliminar la planta permanente del Congreso y derogar cualquier tipo de estabilidad en la contratación de empleados públicos, así como la reducción de todos los sueldos.

Quienes hicieron los comentarios sobre la iniciativa que deseaba la senadora forman parte de la planta permanente del Senado. Acá se ingresa en la triste realidad que -por momentos- pincela el Congreso, con decenas de agentes que se creen impunes y todavía viven en una fantasía de picardía constante, siempre en detrimento de centenares de trabajadores que asisten todos los días, cumplen tareas incluso por fuera del horario laboral y ponen el cuerpo hace años. El problema está en la aparente solución, que sería dinamitarlos a todos.

Para dar un ejemplo de las avivadas, en marzo del año pasado, con la gestión recién iniciada de Victoria Villarruel, este medio contó la historia de un empleado que no iba a trabajar y fue desvinculado tras corroborar que aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta. Ese primer peinado de irregularidades fue fumigado por la eficiente y ahora ex secretaria administrativa -caja y corazón del Senado- María Laura Izzo.

Con el requerimiento administrativo de Bedia en contra de estos tres agentes, la desafectación implica que, una vez notificados -aún no está el trámite oficial-, los empleados deberán buscar otro destino dentro de la Cámara alta. Mientras tanto y, para no perder la presencialidad, los involucrados se presentaron en el despacho de la legisladora libertaria para sus tareas, aunque fueron frenados y pasaron horas en un banquito cercano a las oficinas.

De hecho, otras dos fuentes comentaron que fue la propia Bedia quien se dirigió a otros departamentos a consultar sobre su proyecto, con respuestas negativas y algunos comentarios fuera de tono. Todo esto llegó a los gremios, claro está. El principal es APL, que comanda el siempre temido y respetado -por otros- Norberto Di Próspero, denostado los últimos meses por su llamativo silencio -más allá de algún comentario o comunicado- a la hora de discutir la paritaria legislativa. Días atrás, agradeció el acompañamiento durante un acto de militantes y “militantas”.

Más allá de esto, la situación fue notificada en diferentes bancadas y la bronca llegó hasta el despacho de Villarruel, que espera al 7 de mayo para que le aprueben a su nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos.

A fines de marzo del año pasado, Bedia dio de baja cuatro contratos de familiares y prometió solucionar rápido la situación. Su hijo, por ahora, salió beneficiado. A la hora de revisar diversos contratos de locación, Infobae encontró otro detalle: aparece con 845 módulos a favor Humberto Luis Arturo Schiavoni. Son los mismos nombres e idéntico apellido del ex jefe del Pro en el Senado. Su mandato finalizó el 10 de diciembre de 2023.