El Gobierno rescindió un contrato de $700 millones por mes de la obra social de trabajadores rurales

La intervención en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) decidió esta semana rescindir un convenio con el sindicato que desde 2007 le proveía de personal para atender unas 500 bocas de expendio en todo el país tras considerar que era “ineficiente, sin los controles necesarios y representaba un gasto mensual cercano a $700 millones, que ahora -se informó oficialmente- se destinarán exclusivamente a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales”.

La resolución fue adoptada por Marcelo Petroni, el interventor designado a fines de noviembre pasado por el Ministerio de Salud para “sanear” la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la segunda más numerosa de la Argentina, con unos 760.000 afiliados, luego de haberse detectado una serie de irregularidades en el manejo de los fondos.

Tal como anticipó Infobae en febrero último, la primera auditoría encargada por el interventor Petroni puso en foco una trama de multimillonarios fondos mal administrados, sin controles adecuados, sospechas de fraude y diversas irregularidades, que derivaron en una deuda de casi 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones de pesos.

Esa misma información fue entregada a la Justicia porque desde hace meses el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga a Voytenco, a quien en octubre pasado le embargó los bienes e inhibió sus cuentas por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos a partir de la denuncia de otro dirigente de UATRE, Marcelo Andrada.

El sindicato, liderado por José Voytenco, opositor al Gobierno, calificó de “falsas acusaciones por motivaciones políticas” el resultado de la auditoría y aclaró que “el Consejo Directivo designado por la UATRE implementó en los casi 60 días que pudo accionar administrando la OSPRERA durante septiembre y casi todo octubre transparentes e importantes mejoras hasta que, en una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenirla”.

Ahora, Petroni rescindió el contrato que estaba vigente desde 2007 que le permitía a la obra social tener unas 500 bocas de expendio en todo el país, “un sistema obsoleto de entrega de vales presencial para luego acceder a la atención médica”, según afirmó el interventor en un comunicado de prensa.

Aclaró que “esta medida no afecta a los trabajadores de planta de OSPRERA, que continuarán desempeñando sus funciones con total normalidad” y destacó que “el foco está puesto en recuperar la sostenibilidad financiera de la obra social, luego de años de mala gestión que dejaron un pasivo superior a los 97 mil millones de pesos y un déficit operativo de más de 4 mil millones mensuales”.

La intervención dijo que “esta decisión responde a múltiples incumplimientos contractuales por parte del sindicato, la falta de controles adecuados sobre los recursos y el objetivo central de redireccionar los fondos hacia la salud de los afiliados”. Y añadió: “El sistema vigente hasta ahora, además de ineficiente, generaba un gasto mensual cercano a 700 millones de pesos, que ahora se destinarán exclusivamente a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales”.

“El recorte no es contra los trabajadores de OSPRERA sino contra un sistema opaco y costoso que no respondía a las necesidades reales de nuestros beneficiarios”, señaló Petroni.

Para el interventor, “lejos de implicar una reducción en los servicios, esta transformación representa un avance hacia un modelo más accesible, moderno y eficiente” ya que “el antiguo sistema de vales, que se entregaban exclusivamente a través de las bocas de expendio sindicales, será reemplazado por una nueva red de atención que incluye: servicio de telemedicina para consultas desde cualquier computadora o celular, atención personalizada vía call center con operarios capacitados y entrega de vales en las delegaciones oficiales de OSPRERA con control y trazabilidad directa de la obra social”.

“Este nuevo esquema descentralizado, digital y más ágil, garantiza la atención, permitiendo que los afiliados accedan a sus prestaciones sin depender de intermediarios y con mayor equidad territorial”, puntualizó Petroni.

Por otra parte, en la batalla entablada por el Gobierno con Voytenco, y pocas horas después de conocerse las conclusiones de la auditoría, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la intervención de la UATRE por irregularidades en el congreso general ordinario del sindicato realizado el 28 de noviembre pasado, donde se aprobó la memoria y balance de la organización y se brindó un respaldo al líder gremial, pero la convocatoria fue impugnada por varias seccionales del interior.

Sin embargo, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el lunes pasado el pedido del Gobierno de intervenir el sindicato: en un fallo firmado por Carlos Pose, Gabriela Alejandra Vázquez y Manuel Diez Selva, se desestimó el pedido oficial con argumentos como la defensa de la libertad y de la autonomía sindical y la imposibilidad de la Justicia de intervenir en una “clara disputa entre afiliados y dirigentes”.