Comenzó el juicio por usurpación del campo de los Etchevehere en Entre Ríos

Dolores Etchevehere y el abogado porteño Facundo Taboada enfrentan desde el lunes las audiencias del juicio en su contra en el que se los acusa de usurpación.

Ambos encabezaron en octubre de 2020 la toma del campo “Casa Nueva”, en las cercanías de Santa Elena, localidad ubicada a unos 150 km al norte de Paraná.

Fiscalía pidió un año de prisión para cada uno. Por el monto, se trata de una pena de cumplimiento condicional, es decir que no irán a la cárcel en caso de ser encontrados culpables.

La hermana del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri alegó tener derechos de propiedad sobre la estancia familiar. Uno de los fundamentos que utilizó fue haber sido estafada en la sucesión de su padre, Luis Etchevehere.

Presentó la toma como parte del Proyecto Artigas. Esta sería una iniciativa agroecológica para transformar el uso de la tierra como recurso económico. Detrás de la movida estaba un grupo que respondía a Juan Grabois, quien de forma abierta apoyó la toma.

Una vez consumada la acción, gran cantidad de productores agropecuarios de toda la zona se movilizaron a las puertas del establecimiento en respaldo al resto de la familia Etchevehere. Junto a Luis Miguel, se colocaron sus hermanos Sebastián y Juan Diego y su madre, Leonor Barbero Barbero Marcial. Con el paso de las horas, también se acercaron dirigentes del PRO, como la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La posición de los Etchevehere era que al momento de la toma del predio, propiedad de la firma familiar Las Margaritas SA, Dolores no era de las acciones de esa sociedad, pues dos años antes, en 2018, había cedido la totalidad de su tenencia accionaria (12,50%) a la empresa Mirus S.A., radicada en ciudad de Buenos Aires.

Durante varios días la tensión fue in crescendo en el lugar. Una primera decisión judicial tomada por el magistrado Raúl Flores avaló la permanencia de Dolores en la estancia. Pero luego de la apelación, la jueza Carolina Castagno revirtió la medida y ordenó el desalojo.

La acción directa en un campo de una familia tradicional, ligada a la Sociedad Rural, generó un momento incómodo y de tensión entre el gobierno provincial de Gustavo Bordet, que rechazó lo ocurrido, y la administración de Alberto Fernández, que tenía en Grabois a un aliado.

Según la reconstrucción de los hechos que hizo Fiscalía, al predio entraron unas 40 personas. El ingreso a Casa Nueva, la estancia ubicada en el paraje El Quebracho, se produjo a las 11 de la mañana del 15 de octubre.

De inmediato tomaron posesión del casco (la casona) del establecimiento y modificaron el uso de la tierra. Cuando el lugar fue recuperado, se encontró que habían hecho un almácigo de perejil. “Casa Nueva” es un campo dedicado a la producción ganadera, agrícola y es también un tambo.

La salida de los ocupantes no fue voluntaria. A las 15.30 del jueves 29 de octubre se los notificó de que debían retirarse. Ante reiteradas negativas, Dolores y los demás ocupantes fueron detenidos por la Policía de Entre Ríos a las 18:30. Al recuperar el control del lugar, los Etchevehere denunciaron que se habían producido destrozos en varios espacios.

En las audiencias del juicio han declarado hasta ahora Leonor Barbero Marcial; Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere; el ex Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario Gustavo Maslein y otros cuatro testigos. La nómina completa suma 21 testimonios que deberá escuchar el Juez del Tribunal de Juicio, Gervasio Labriola.

En su declaración, el ex Jefe de Policía relató los momentos de zozobra que se vivieron durante las dos semanas de la toma.

La querella que representa los intereses de la familia Etchevehere, evaluó que en lo que va del juicio se acreditó a través de pericias informáticas que existían videos y otros elementos vinculados a la usurpación por parte del Movimiento Proyecto Artigas, de donde se desprende fácilmente el nivel de organización del grupo que llevó adelante la toma.

Además, entendió que quedó demostrado que se trató de una maniobra planificada previamente. Según la estimación de la querella, se puso de manifiesto en varios de los testimonios rendidos el alto nivel logístico del grupo usurpador. La representación de los Etchevehere subrayó la moderna tecnología con la que contaban, como por ejemplo inhibidores de drones y equipos de comunicación y filmación.

Por el contrario, la defensa de Dolores postuló que del testimonio de la casera, Ramona Rodríguez, se pudo constatar que el ingreso no fue violento. Y que incluso mantuvieron un diálogo cordial. Eso, según la hipótesis defensiva, echaría por tierra la acusación de que hubo amenazas para hacerse con el control del establecimiento. De allí se desprendería que tampoco se produjo una usurpación.

El cierre del debate, con el alegato de las partes, se concretará este viernes 25 a las 9 de la mañana. El juicio se desarrolla en la ciudad de La Paz, cabecera del departamento entrerriano donde ocurrieron los hechos.

Días antes del inicio de las audiencias, Dolores publicó una carta abierta. “La que hoy enfrenta un juicio por sacarles la máscara y exponerlos, soy yo. Así funciona el poder en Entre Ríos. Ellos quieren ser los patrones de todos, de la Justicia, de la sociedad, del poder político de turno –antes con Macri, ahora con (Javier) Milei”, indicó. La referencia es que además del cargo que ocupó Luis Miguel, Sebastián fue candidato a gobernador por la Libertad Avanza en las últimas elecciones.

Y finalizó: “Que les quede claro que mis patrones no son. Ya somos cuatro las mujeres de mi familia estafadas por esta banda de delincuentes, y no nos vamos a callar”.