Caso Chocolate: ordenan allanamientos en una causa paralela que investiga maniobras con “ñoquis” de la Municipalidad de La Plata

La Justicia ordenó al menos 13 allanamientos en una causa judicial donde se investigan distintas maniobras ilegales con supuestos empleados de la Municipalidad de La Plata. Ese expediente es un desprendimiento del caso de Julio “Chocolate” Rigau, a partir de los datos que surgieron del teléfono del puntero del PJ. En las últimas horas, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta pidió allanar domicilios particulares y varios operativos en oficinas del Municipio para secuestrar documentos, teléfonos, y otras pruebas que sirvan para la investigación.

En esa causa paralela, se investigan al menos cinco hechos.

Una de las maniobras apunta al nombramiento de diferentes personas en la Municipalidad de La Plata que no trabajaban pero cobraban un sueldo. Eso habría ocurrido entre 2021 y 2023. “Formaban parte del esquema recaudatorio entregando parte o la totalidad de los haberes percibidos, en razón de su función, a los demás autores del hecho descripto”, describió el fiscal al pedir los allanamientos, que fueron ordenados por el juez Agustín Crispo.

Detrás de esos nombramientos se investiga a tres personas que tenían cargos jerárquicos en la Secretaria de Coordinación Municipal, en la Subsecretaria de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, y en la Dirección General de Personal y Capital Humano.

El fiscal identificó a Ricardo Ismael Jalet y Lorena Mabel Valdata como los supuestos recaudadores. Ambos tenían vinculo con Rigau, el puntero que recorría los cajeros de La Plata con tarjetas de débito.

Otra maniobra apunta a dos ex funcionarios que renunciaron pero igualmente seguían cobrando su sueldo. Se trata de Facundo Pérez, que estuvo a cargo de la Dirección General de Habilitaciones, y Dario Javier Musto, asesor en la Secretaria de Políticas Públicas.

También se descubrió a una mujer, identificada como Moira Jazmin Valdez, que trabajaba en el Centro Comunal Los Hornos, en la calle 137 y 64 de La Plata, y cobraba los haberes de su ex marido, ya fallecido. De esa manera se habría apropiado de más de $2 millones.

El último hecho tiene que ver con otra mujer, Romina Paola Villegas, que trabajaba en la Coordinación Municipal de La Plata y cobraba al mismo tiempo un plan social.

En agosto del año pasado, la fiscal Betina Lacki, que investigó el caso de “Chocolate”, pidió que el expediente principal se divida en tres partes: decidió quedarse con el tramo central, que está a un paso del juicio oral, y envió a otros dos fiscales el que investiga la maniobra con empleados del Senado provincial, y el que apunta a la malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Plata.

Este último caso comenzó con las pruebas encontradas en el teléfono de Rigau. De esa pericia surgieron varios nombres que tenían relación con el puntero del PJ: Sergio Lucero, Ricardo Ismael Jalet, Lorena Mabel Valdata, Jorge Pablo Villar, Cristian Osvaldo Rigau, y Amancay Martina Aylen Valdata. “De las extracciones del teléfono, se determino que con Jalet y Valdata, coordinaban la presunta recaudación de los haberes, de diferentes personas”, determinó el fiscal Condomí Alcorta.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público mencionó a Néstor Omar Pulichino, quien estaba a cargo de la Secretaria de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia. “Bajo su gestión (junto con Oscar Rodolfo Negrelli y Mariano Baruki Perez Aramburu) se pudieron advertir inconsistencias de diversas índole en nombramientos y/o el cumplimiento de los contratos laborales en la Municipalidad, como así también la administración de los fondos públicos para el pago de los haberes por esos servicios”, puntualizó el fiscal.

El caso de Chocolate está a un paso del juicio oral

La fiscal Lacki pidió hace dos semanas la elevación a juicio oral de la causa principal en la que están imputados Julio “Chocolate” Rigau, el ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el ex concejal platense Facundo Albini. Todos ellos están acusados de llevar a cabo una maniobra de defraudación con fondos públicos y asociación ilícita en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

El caso se inició el 9 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero automático del Banco Provincia, ubicado en la esquina de las calles 7 y 54 de La Plata. En ese momento tenía en su poder 49 tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Legislatura bonaerense, junto a 1.260.000 pesos en efectivo.

Según consta en el acta policial, Rigau permaneció aproximadamente 20 minutos extrayendo dinero de forma consecutiva en los cajeros del banco. Su actividad fue advertida por un testigo presencial, quien dio aviso a la policía, lo que derivó en su detención en el lugar.