El Ministerio de Seguridad presidirá el consejo que articula las acciones ante desastres naturales

Tras el anuncio que hizo días atrás el Gobierno sobre la creación de una Agencia Federal de Emergencias (AFE) para centralizar la asistencia ante desastres naturales, se conoció en las últimas horas que el Ministerio de Seguridad Nacional estará al mando del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

A través de un decreto publicado en horas de la madrugada de este viernes, se estableció que el órgano encargado de la toma de decisiones y la coordinación de los recursos del Estado nacional en materia de gestión de riesgos, y que forma parte de la AFE, será presidido por la cartera que conduce Patricia Bullrich. Asimismo, se ocupará de coordinar y supervisar las actividades de varios ministerios clave, incluidos Defensa, Salud y Economía, en función de su relevancia en la gestión de crisis.

El Consejo Nacional es parte integral del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), que tiene como objetivo articular las acciones y el funcionamiento de todos los organismos del Gobierno nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, “para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación”. Incluye a organismos municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

A partir de la conformación de la Agencia, un organismo descentralizado de la catera de seguridad, se consideró necesario avanzar con la estructura organizativa. Esta decisión implicó “incorporar, homologar y reasignar diversos cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas”, aunque no así el incremento de unidades dentro de la Administración Pública Nacional, según aclaró el decreto.

En el artículo 1 del Decreto 233/2025 se establece que “el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL presidirá el CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL, de conformidad con lo establecido por el artículo 7° de la Ley N° 27.287, quien coordinará y articulará las actividades de los Ministerios y de las distintas áreas a su cargo, con la finalidad de diseñar, proponer e implementar las políticas públicas para la gestión integral del riesgo”, para prevenir, mitigar y responder ante situaciones de emergencia o desastre. En dicho artículo se detalla la integración de “organismos, reparticiones y organizaciones de la sociedad civil”.

Seguidamente, el documento aclaró que, en tal caso, el organismo de Seguridad, podrá designar a una persona para ejecutar el rol de titular. “El CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL será presidido por el titular del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL o por el funcionario que este designe a tal efecto, con rango no inferior a Secretario”, señaló en el artículo 5°.

El rol del Ministerio de Seguridad, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), será fundamental en la implementación de estas políticas, particularmente en la preparación, gestión de crisis y recuperación post-emergencia, actuando como Autoridad de Aplicación de la mencionada ley (27.287).

Mientras, el rol del Consejo se destaca al formar parte complementaria para la determinación de políticas y estrategias que guíen el proceso de gestión integral del riesgo dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Además, establece los mecanismos para la coordinación de los organismos nacionales en la implementación de estas estrategias. También juega un rol importante al promover la participación de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado en la gestión del riesgo.

Como parte de sus responsabilidades, se encarga del desarrollo de un sistema de información y comunicación entre los distintos niveles de gobierno y de aprobar planes de reducción de riesgos, manejo de crisis y recuperación. Ante situaciones críticas, el Consejo puede declarar oficialmente una situación de emergencia, gestionando los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la atención y rehabilitación de las comunidades afectadas.