
Después de una semana convulsionada por disturbios dentro y fuera del Congreso, el Gobierno se prepara para una nueva marcha de los barras bravas en apoyo a los jubilados, mientras espera la definición de la CGT sobre un nuevo paro general que se mantiene firme y ya tendría fecha para el 8 de abril.
El presidente Javier Milei se mostró el último viernes junto a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien respaldó públicamente luego del operativo que se montó en los alrededores del recinto legislativo y que dejó cientos de detenidos y varios heridos, uno de ellos el fotógrafo Pablo Grillo, que permanecía luchando por su vida después de recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza.
“Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, son malos”, exclamó el líder libertario durante su presentación en Expoagro.
En paralelo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió el jueves pasado en su oficina de la Casa Rosada a Lilia Lemoine, una de las diputadas que protagonizaron un fuerte cruce dentro del bloque de La Libertad Avanza, en medio de la sesión controvertida.

Sus compañeras de banca, Marcela Pagano y Rocío Bonacci, dieron quórum en un momento en el que, a su entender, la Cámara iba a ratificar a las autoridades de la Comisión de Juicio Político.
Ese es un cuerpo que desde el comienzo generó polémica, porque fue el que Martín Menem ordenó que se dejara sin efecto cuando se estaba eligiendo a Pagano como titular, lo que motivó la ruptura con Oscar Zago, que a partir de ese momento formó una bancada propia del MID.
En la sesión del miércoles, el mismo Zago se levantó de su asiento y comenzó a forcejear con el libertario Lisandro Almirón, que también lo criticaba por apoyar una votación que consideraba que perjudicaría al oficialismo.
Mientras tanto, afuera del Congreso el grupo de barras seguía generando conflictos con la Policía, incendiando autos y contenedores de basura. Para esta semana, anticiparon una nueva protesta.
“Estamos preparados para lo que venga”, se limitaron a advertir en el Gobierno, que pondrá en marcha un operativo de seguridad similar al último para intentar controlar a los manifestantes.
Hasta el momento, Bullrich decidió que la Policía Federal no inicie un sumario interno contra ninguno de los efectivos que participaron en la anterior movilización, ni siquiera contra el que lanzó la granada que hirió a Grillo.
Por otra parte, tal como anticipó este medio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se puso al frente de las negociaciones con la CGT y habló con algunos sindicalistas dialoguistas, como Gerardo Martínez, para intentar desactivar el paro.
El líder de la UOCRA es uno de los pocos dirigentes gremiales que mantiene un cierto vínculo con la Casa Rosada, aunque su postura no encuentra apoyo en el triunvirato cegetista, que con el correr de los meses fue endureciendo su enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.
Uno de los máximos referentes de la central obrera, de hecho, aseguró a Infobae que hasta la fecha “no hubo ningún contacto” con las autoridades nacionales para tratar de llegar a un acuerdo.
“Con la CGT no hablo nadie. Si hubieran hablado con alguien, nosotros lo sabríamos”, aseguró un líder sindical, que ratificó la decisión de convocar a un paro general para los primeros días de abril.
La medida de fuerza se anunció durante el congreso de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que lidera el dirigente social Juan Grabois, lo que marcó un acercamiento de la cúpula cegetista a los sectores opositores más duros.
“Vienen pisándonos los salarios, utilizando el instrumento de la homologación para apretar a cámaras empresariales y a sindicatos, algo que jamás se usó de esta manera para ir con salarios por debajo de la inflación, salarios a la baja”, argumentó al respecto el secretario general de Sanidad y uno de los titulares de la central obrera, Héctor Daer.
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